En un país donde cuatro presidentes han pasado por el Gobierno en solo una legislatura -2018-2021- y en el que los últimos Gobiernos están investigados por prácticas corruptas y fraude, los ciudadanos han llegado al límite y están hartos. Ese país es Perú, donde el hastío por la clase política llevó a que la segunda vuelta de las presidenciales, que se celebra el próximo domingo, tenga dos alternativas radicales: la extrema izquierda de Pedro Castillo o la derecha autoritaria de Keiko Fujimori.

Se trata de un antagónico tándem del que saldrá en próximo mandatario de la nación, una encrucijada para los ciudadanos, que deberán elegir entre un maestro marxista o una heredera política imputada por lavado de activos.

Los peruanos están acostumbrados a votar en segunda vuelta por el «mal menor», pero esta vez el reto es mucho más complicado, puesto que prácticamente siete de cada 10 electores no votó por ninguno de los dos en la primera ronda -el ultraizquierdista Perú Libre de Castillo obtuvo el 18,2 por ciento de los votos y el derechista Fuerza Popular de Fujimori se hizo con un 13,4 por ciento el pasado 11 de abril- y consideran que, gane quien gane, habrá consecuencias indeseables.

Se trata de las dos opciones políticas más opuestas que se podían medir en la fase final. El candidato más respaldado en la cita de abril es un maestro de escuela rural y líder sindicalista que fue impulsado por el voto izquierdista conservador del campo andino, cansado como buena parte del país de la política tradicional y la corrupción sistémica en el aparato estatal. Socialista y marxista, aboga por el control del Estado sobre la economía y, para atender las necesidades de la población, habla abiertamente de nacionalizar empresas y exigir más impuestos a las compañías extranjeras que explotan los recursos naturales.

Enfrente estará la hija y heredera política de Alberto Fujimori, defensora a ultranza de la economía de mercado, con una intervención mínima del Estado y enfocada en potenciar la inversión privada. Considerada la adalid de la derecha más conservadora, es percibida por muchos peruanos como la causante directa de la inestabilidad vivida en Perú estos últimos cinco años, después de que no reconociese su derrota electoral en 2016. Además, también representa la corrupción de los mandatarios del país y, de hecho, ha sido imputada por lavado de dinero en sus anteriores campañas, lo que le llevó a prisión preventiva durante 15 meses, entre 2018 y 2020.

Empate técnico

Excepto para los sectores más radicales, que tienen definido su voto, la decisión entre la ultraizquierda o la ultraderecha se antoja complicada. Es por eso que, desde hace semanas, todas las encuestas conceden un empate técnico entre los candidatos. El último sondeo, realizado hace unos días, apunta a un 42,6 por ciento de los apoyos para Castillo y un 41,7 por ciento para Fujimori, con casi un 7 por ciento de indecisos y un 10 por ciento de los 25 millones de ciudadanos llamados a las urnas que aseguran que se abstendrán o votarán en blanco.

La aspirante de Fuerza Popular ha ido ganando apoyos conforme se acerca la fecha definitiva. A mediados de abril, los informes le situaban con más de un 20 por ciento por debajo de su oponente y cerca de un 55 por ciento de encuestados aseguraban que «nunca» depositarían una papeleta con su nombre. Sin embargo, ese «mal menor» al que apelan los peruanos en cada segunda ronda presidencial le ha hecho sumar puntos, porque muchos sectores conservadores temen que Castillo acabe imponiendo un régimen cercano al comunismo y parecidos a los de Cuba o Venezuela, basados en el «odio» y la «lucha de clases», según su oponente.

La disyuntiva también se centra en el pasado de corrupción de Fujimori. Tal vez por eso, el líder de Perú Libre ha apelado en los últimos debates y discursos a su «honestidad» y «origen humilde», proclamándose un «hombre íntegro» frente a su oponente, que se enfrenta a una acusación de hasta 30 años de prisión por lavado de dinero planteada el pasado marzo.

El futuro aún está por escribirse en Perú, donde los ciudadanos tendrán que decidir quién les gobernará durante los próximos cinco años, siempre y cuando puedan acabar la legislatura en un país donde la estabilidad política es casi una quimera