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Fecir insiste en un acuerdo tripartito en ayuda a domicilio

A. Criado
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El presidente de Fecir, Carlos Marín, insiste en alcanzar un acuerdo tripartito (patronal, sindicatos y Junta de Comunidades) para el convenio colectivo de ayuda a domicilio y considera que ir a la huelga "no es la mejor opción"

Carlos Marín, presidente de Fecir - Foto: Rueda Villaverde

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), Carlos Marín, asegura que la patronal sigue abierta a negociar un acuerdo sobre el convenio colectivo que rige la actividad de ayuda a domicilio en la provincia, aunque reconoce que la huelga convocada por la parte social complica el escenario. "Si la Administración regional no actualiza las tarifas, es difícil que las empresas puedan actualizar los sueldos", afirma para insistir en la necesidad de incluir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la negociación y alcanzar "un acuerdo tripartito".

Marín recuerda que la relación tanto de Fecir como de los sindicatos con el Gobierno regional es "excelente" e insiste en que "podíamos haber ido todos de la mano para llegar a un acuerdo". "Han preferido ir a la huelga y están en su derecho, pero no creo que sea la mejor opción", enfatiza Carlos Marín para hacer hincapié en que "la ayuda a domicilio es un sector muy sensible" y los paros convocados "pueden afectar a personas que no se lo merecen".

Tras un infructuoso acto de mediación, los sindicatos CCOO y UGT anunciaron paros parciales de una hora de duración durante toda la semana laboral del 17 al 21 de enero, a los que seguirá una huelga indefinida y a jornada completa, si la patronal mantiene su negativa a volver a la mesa de negociación. "Es una medida de presión bastante fuerte para la paz social que existe tanto en Ciudad Real como en Castilla-La Mancha. Es una nota discordante y tienen que hacérselo mirar porque creo que está fuera de lugar", sentenció Marín.

El convenio colectivo del servicio de ayuda a domicilio a través de empresas privadas en la provincia de Ciudad Real afecta a alrededor de 2.000 trabajadores y trabajadoras y está caducado desde hace un año.