Las Cortes de Castilla-La Mancha se enfrentan a un agosto atípico. En estas semanas está prevista la celebración de, al menos, dos plenos. El primero de ellos mañana mismo, donde previsiblemente verá la luz la Ley de Bienestar Animal, una normativa ‘atascada’ desde la pasada legislatura y cuyo objetivo principal sería el ‘sacrificio cero’ de mascotas en la región.

Pero no será la única ley que se vea estos días en el parlamento autonómico. El viernes, la Mesa de las Cortes calificaba la Proposición de Ley de Reserva Estratégica de Material Sanitario. Un texto legislativo propuesto por los grupos parlamentarios socialista y de Ciudadanos y que fue registrado y presentado públicamente a principios de esta misma semana.

La idea es que durante este mes se realice toda la tramitación previa (enmiendas y redacción de la ponencia), para que esta normativa vea la luz en las primeras semanas de septiembre, a ser posible, por unanimidad.

La rapidez está aquí más que justificada. No hay que olvidar que esta ley, nacida en el seno del pacto por la reconstrucción regional firmado entre PSOE y Ciudadanos, busca garantizar el abastecimiento de material  básico de protección en todos los centros sanitarios, sociosanitarios o sociales de la región, tanto públicos como privados, durante al menos 120 días. Una iniciativa que, de cumplirse los plazos, será la primera en este sentido en ponerse en marcha en el conjunto del país y buscaría evitar la repetición de escenarios como los vividos en marzo y abril, donde la falta de EPIs fue una constante en la ‘batalla’ contra el coronavirus, especialmente en las primeras semanas.

Se trata, además, de la séptima iniciativa legislativa que se tramita en las Cortes castellano-manchego desde que se recuperó la normalidad parlamentaria tras el Estado de Alarma, a inicios del mes de junio.

En las últimas semanas, se han aprobado en Cortes leyes como la de Ciencia, la reforma de la de Colegios Profesionales o la de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios, entre otras. Esta última ley, también vinculada al pacto por la reconstrucción regional.

Además de avanzar en la tramitación de nuevas leyes, las Cortes de Castilla-La Mancha aprovecharán este mes de agosto para convocar comisiones de trabajo, entre ellas la vinculada a la búsqueda de soluciones para la despoblación, principal novedad de la estructura parlamentaria de esta legislatura.

Y, obviamente, también habrá comisión de Sanidad, con la vista puesta en el análisis de posibles rebrotes. Máxime cuando con agosto llega la vendimia, la campaña agrícola más importante en volumen de producción y cantidad de temporeros requeridos de todas las que se llevan a cabo en la comunidad.

Ya en septiembre, está prevista la convocatoria de la comisión de estudio sobre los efectos de la crisis sanitaria en la región a petición de PSOE y Ciudadanos. Una cuestión en la existe una ‘guerra abierta’ con el Partido Popular, que lleva semanas planteando una comisión paralela para este mes de agosto, donde analizar la gestión de la pandemia en la comunidad.

No obstante, no será la primera vez que el antiguo convento de San Gil, actual sede del parlamento regional, abra sus puertas en agosto. Ya pasó en 2017, cuando a los diputados autonómicos les tocó rehacer el presupuesto regional tras el ‘plante’ de Podemos, o en aquel fatídico verano de 2005, cuando se convocó de urgencia una comisión de investigación para aclarar las causas del incendio de Guadalajara, que costó la vida a 11 trabajadores del retén de Cogolludo.

Junto con la ya citada comisión Covid, el otoño estará marcado por la tramitación de los  presupuestos regionales para 2021, que deberán entrar en el parlamento antes del 1 de octubre.

De momento, ya se ha avanzado que estos presupuestos tendrán como prioridades absolutas financiar los servicios públicos fundamentales y aquellas políticas de gasto destinadas a minimizar el impacto social de esta crisis sanitaria, así como facilitar la recuperación de la actividad económica, dando soporte al tejido productivo.

El objetivo del Ejecutivo es contar, al menos, con el apoyo del Ciudadanos, ya que serán estas cuentas las que deban dar forma a buena parte de las medidas incluidas en el ya citado pacto por la reconstrucción regional.

Sin olvidar otras leyes que acaban de arribar a las Cortes, como la prevista reforma de normativa sobre la gestión del patrimonio regional, u otras de gran calado que a día de hoy están en fase de borrador y que deberían entrar en San Gil el próximo curso político, como la esperada Ley de Agua o la Ley de defensa de los colectivos LGTBi, que marcarán, si el coronavirus lo permite, el próximo año parlamentario en la comunidad. Lo que ya no se esperar es que el Gobierno se decida a reformar el Estatuto. Se verá.