Con la llegada de la pandemia, el teletrabajo se impuso, primero, de forma obligada por la situación, y después como una opción que iba ganando peso en empresas y en administraciones y que se veía como una alternativa ante la presencialidad. En el caso de éstas últimas, alrededor de uno de cada cuatro empleados públicos de las grandes administraciones de la provincia desarrollan el teletrabajo. Así sucede en el personal de la Administración General del Estado en la provincia, en la Diputación o en el Ayuntamiento de Ciudad Real, donde se sitúan con cifras cercanas al 20 por ciento. No sucede así en el caso de la Junta, que se descuelga con una penetración del teletrabajo por debajo del 3% en el conjunto de la región.

En la Administración General del Estado, a mediados del pasado mes de abril, había 236 empleados acogidos a alguna de las modalidades de teletrabajo, del total de 1.196 trabajadores con los que cuenta en el conjunto de la provincia. Esto supone el 19,73%, según los datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que tiene en cuenta modalidades como la de grupos vulnerables, la de menores de 14 años a su cargo o la que tiene mayores o dependientes.  

En otra de las grandes instituciones, la Diputación provincial, también «alrededor del 20% de los empleados hacen teletrabajo», según informó a este diario la diputada del área, Noelia Serrano, quien recordó que esta administración cuenta actualmente con unos 500 empleados de los que unos 140 han elegido esta modalidad a distancia, aunque recordó que cuentan con una limitación en cuanto a porcentaje, de manera que pueden ejercer el teletrabajo entre uno y cuatro días, garantizando no obstante la rotación y la prestación del servicio directo público a los ciudadanos.

En el caso del Ayuntamiento de Ciudad Real, que cuenta ahora con más de 650 empleados, son alrededor de 122 las personas en teletrabajo, de las cuales 49 lo están por conciliación familiar al tener hijos menores o personas con discapacidad, otros 5 por flexibilidad horaria y el resto como opción laboral tras el estado de alarma, detalló a este diario el presidente de la Junta de Personal, José Antonio Serrano.

En el caso de la Junta de Comunidades, la cifra de empleados que desempeñan el teletrabajo en la provincia son tan sólo cuatro, según informaron desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Pública, desde la que indicaron que está pendiente la publicación del decreto que regule el teletrabajo en la administración y dado que en las delegaciones provinciales se debe garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos, que es en su mayoría presencial. En la provincia son más de 1.000 los empleados con los que cuenta la Junta.

En el conjunto de la región, de marzo de 2020 a febrero de 2021, en la administración regional había 226 empleados con teletrabajo, lo que supone el 21% de las peticiones que se solicitaron, que se elevaron a 744. Sin embargo, 464 se denegaron, según los datos facilitados a este diario por el sindicato CSIF. En este caso, el porcentaje de empleados que desarrollan parte de su jornada a distancia es de menos del 3%, dado que en esta administración hay unos 9.400 trabajadores.

EL DECRETO.

La Junta de Comunidades ha impulsado el decreto que regula el teletrabajo, el cual se encuentra  pendiente del informe del Consejo Consultivo y que se aprobará posteriormente con celeridad por el Consejo de Gobierno para su publicación. La vicepresidenta de CSIF en la región, Victoria Ortiz, prevé que sea «este mes de mayo» y avanza que muchos grandes ayuntamientos y diputaciones están pendiente de este decreto para adaptar su normativa de teletrabajo a dicho decreto. Así lo confirmaron de hecho desde la propia Diputación y el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Del mismo modo, Ortiz detalló que «muchos empleados» están a la espera de la publicación del mencionado decreto para acogerse al teletrabajo, dado que la fórmula actual es «bastante restrictiva». El nuevo decreto- prosiguió- implicará un plan de trabajo bien definido para los empleados y una revisión por objetivos. Por lo que se refiere a los gastos, establece un periodo transitorio para que la administración adquiera los medios necesarios, los ordenadores, mientras que quienes lo deseen pueden hacerlo voluntariamente con sus propios equipos. En cuantro a gastos como la luz o internet, «no los contempla», dado que la administración entiende que se compensan con el ahorro que supone a los empleados el no tener que realizar los desplazamientos.

Para el teletrabajo se establece un tope del 50% de la jornada mensual de trabajo, de manera que «lo normal es dos o tres días presencial y el resto teletrabajo», detalló la representante del sindicato CSIF.