Contra la despoblación, menos impuestos

J.A.J.
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Vecinos de pueblos conquenses en la manifestación por la ‘España vaciada’ del pasado 31 de marzo. - Foto: JUAN LÁZARO

A la petición de la Junta de rebajar tributos a la 'España vaciada', se suman iniciativas de otras autonomías, como Galicia, o partidos como Ciudadanos, que lo lleva al Congreso

El reto de la despoblación en el medio rural inquieta en Castilla-La Mancha, pero no solo aquí. No por casualidad se ha acuñado el término ‘España vaciada’ para hablar de la preocupante situación del cada vez menor número de habitantes en la zona interior del país. Esta problemática afecta sobre todo a grandes áreas tanto de Castilla-La Mancha como de Extremadura, Castilla y León, Aragón y Galicia, salvándose sobre todo las grandes concentraciones urbanas de Madrid, País Vasco y la costa del Mediterráneo. Por ello, en los últimos tiempos han menudeado los llamamientos, tanto desde esta región como de otras afectadas, por solucionar esta situación. Y una de las herramientas sugeridas es ofrecer a aquel que quiera repoblar estos ‘desiertos ‘ demográficos una baja fiscalidad a modo de compensación.
Una de las instituciones que apuestan por menos impuestos para la población rural es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A comienzos del año pasado, antes de que la ‘España vaciada’ se convirtiera en protagonista de las reivindicaciones sociales previas a las últimas elecciones generales y autonómicas, el vicepresidente de la Junta José Luis Martínez Guijarro planteaba al entonces Gobierno central del PP una rebaja fiscal en este sentido. 
Guijarro planteaba cuestiones como que las empresas que se ubiquen en estas zonas «paguen menos impuestos», o el otorgamiento de «desgravaciones fiscales» para las familias que se trasladen a ellas  a fin de compensar el «sobrecoste» que les puede suponer llevar una vida cotidiana en estos pueblos.
Se trata, como explicó en una entrevista a La Tribuna, de «explorar todas las posibilidades». Y es que, «que tu hijo vaya a danza o hacer la compra diaria en estos pueblos supone un esfuerzo económico para las familias que tendría que estar reconocido fiscalmente», comentaba el vicepresidente reconociendo que las limitaciones de llevar un proyecto vital a áreas con menores servicios y comodidades que las urbanas merecían una contraprestación.
El socialista Guijarro planteaba en este tema que el margen de acción de las comunidades autónomas es poco o nulo a la hora de modificar impuestos como el de Sociedades. Por ello, pedía la actuación del Gobierno central, «si es que realmente quiere afrontar el problema».
La Junta de Comunidades llevó en aquel momento esta idea de un «tratamiento fiscal específico para zonas afectadas por despoblamiento» a la comisionada del Gobierno central para la Estrategia contra la Despoblación de aquella época, Edelmira Barreira. Y aseguró que «Castilla-La Mancha va a seguir insistiendo» en esta herramienta.
Guijarro también planteaba otras medidas contra la despoblación como primar la cobertura de telecomunicaciones por territorio en lugar de por población, a fin de reducir la ‘brecha digital’ que padece el medio rural. También recordó las medidas puestas en marcha por la Junta para combatir este despoblamiento en el marco de sus competencias, como las inversiones territoriales integradas en Castilla-La Mancha (ITI), con el objetivo de fomentar nuevas actividades en zonas especialmente deprimidas por su baja densidad demográfica o su declive socioeconómico. Se reservó para esto unos 507 millones de euros.
Galicia blinda rebajas fiscales por ley. Sin embargo, ya hay una comunidad que ha puesto en marcha las rebajas fiscales para el medio rural sin esperar a que el Estado decida. Se trata de Galicia, donde lleva varios años funcionando un plan en este sentido. Estas reducciones tributarias van a ser blindadas en una Ley Autonómica de Apoyo a la Natalidad y de Impulso Demográfico promovida por el gobierno gallego del ‘popular’ Alberto Núñez Feijoo. 
Así, la futura ley consolidará la actual política de «impuestos cero» para las transmisiones de suelo rústico, agrupaciones de fincas rústicas o transmisión de explotaciones ganaderas. 
Además, los jóvenes y las familias numerosas quedan exentos de pagar los impuestos de Transmisión Patrimonial y Actos Jurídicos Documentados para compra de vivienda habitual en pequeños municipios. También existen bonificaciones fiscales para la dinamización de suelo industrial en el medio rural y la rehabilitación de sus cascos históricos. 
La iniciativa más reciente para promover la discriminación fiscal positiva para los habitantes de las zonas rurales llega desde Ciudadanos. El partido liberal quiere poner en valor el informe ‘Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España’, elaborado por expertos de la Universidad de Valladolid y apoyado por la patronal CEOE y la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), que agrupa a las organizaciones empresariales de Cuenca, Soria y Teruel. En concreto, Ciudadanos ha presentado una pregunta dirigida al actual Gobierno central del socialista Pedro Sánchez, para saber  si conoce este informe y piensa poner en marcha sus recomendaciones.
El informe en cuestión propone una reformulación de las actuales políticas de telecomunicaciones e infraestructuras, actividad económica, servicios a la población y cultura e identidad rural. Entre ellas se incluye la necesidad de implantar una política fiscal diferenciada. Se propone establecer un paquete de medidas especiales destinadas a facilitar el desarrollo de actividades empresariales. Se plantean deducciones o reducciones en el impuesto de sociedades para pequeñas y medianas empresas y en el IRPF para autónomos. También se pedía la búsqueda de fórmulas de exención general de las tasas de precios públicos para empresas y trabajadores por cuenta propia, e incentivos a la contratación como la bonificación de cuotas empresariales a la Seguridad Social.