Tres días después de que se hiciese pública la decisión de Don Juan Carlos de trasladarse fuera de España «ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada», según él mismo señalaba en la carta enviada a su hijo y hecha pública el pasado lunes por Zarzuela, el paradero del Rey Emérito sigue siendo una incógnita, a pesar de las múltiples especulaciones periodísticas sobre el mismo. Sin embargo, con Portugal (donde al parecer se desplazó el mismo día en el que se hizo oficial su salida del país) y la República Dominicana como escenarios más nombrados por los expertos en la información de la Casa Real, ninguna fuente oficial se ha pronunciado, salvo las autoridades locales de dichos países, que han negado conocer si el Monarca se encontraba en sus territorios. Lo que sí ha ido saliendo a la luz en las últimas horas es cómo se llegó a dar el paso histórico de la salida del país del Soberano.
Según explicaron varios medios nacionales, entre ellos Radio Televisión española, durante varias semanas se produjeron largas conversaciones entre la Casa Real, el Gobierno central (aunque solo habrían estado enterados miembros socialistas o cercanos al presidente, ya que se excluyó a Unidas Podemos de las negociaciones) y el propio Juan Carlos I. Sin embargo, la decisión, «meditada» como indica en la misiva a Felipe VI, fue tomada de forma definitiva en un encuentro personal entre padre e hijo.
Durante el diálogo a tres bandas se barajaron distintos escenarios para manejar la situación, ante las informaciones, cada día más frecuentes, que relacionaban al Rey Emérito con el cobro de presuntas comisiones de la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca. Se llegó a plantear, según apuntan los medios, la regularización fiscal del posible patrimonio personal del anterior Jefe del Estado. Se trataba de ir más allá de lo que obliga la ley, que fija en cinco años la prescripción de los delitos fiscales, para intentar mejorar la imagen pública de Don Juan Carlos. La idea se descartó por diversas razones económicas y judiciales.
En la línea de buscar un lavado de imagen, el Rey Emérito llegó a apostar, incluso, por renunciar a su inviolabilidad, pero los expertos constitucionalistas presentes en las conversaciones negaron esta posibilidad por ser inviable legalmente.
Parece, no obstante, que ninguna de las salidas acaba de convencer a las partes que, además, dialogaron sobre cómo presentar la solución definitiva a la opinión pública, en un momento especialmente delicado para el país, en plena pandemia de coronavirus que ha provocado, además, una crisis económica sin precedentes.
En este diálogo solo había dos líneas rojas: por parte de Juan Carlos, la conservación del título honorífico y vitalicio de Rey, que se le concedió por Real Decreto en junio de 2014, pocos días antes de su abdicación; y por parte de Felipe VI, que la solución fuera aceptada voluntariamente por su padre.
Tras la gira autonómica
Ante el encallamiento de las negociaciones, fue en un encuentro directo entre ambos cuando se acordó la determinación que se hizo pública el pasado lunes, que contó con la bendición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Posteriormente, habría sido el Rey quien habría pedido que la decisión si hiciera pública una que vez que terminase su gira por España, en la que ha visitado, junto a Doña Letizia, las 17 comunidades autónomas para interesarse por el día a día de los ciudadanos tras el estado de alarma.