Los once ucranianos detenidos y encarcelados hace menos de dos meses en la operación ‘Pastela’ contra el contrabando de tabaco han quedado en libertad con cargos y, según fuentes consultadas por La Tribuna, se han marchado a su país de origen.
El riesgo inicial de fuga parece que ha desaparecido y conforme ha avanzado la instrucción, la juez ha resuelto decretar libertad para los imputados con la obligación de comparecer en el juzgado el 1 de cada mes y también facilitar su domicilio en Ucrania, según ha podido saber este diario.
El resto de encarcelados, que rondó la treintena, sigue en prisión provisional comunicada y sin fianza, han apuntado otras fuentes.
La operación dirigida por la Guardia Civil de Ciudad Real permitió el pasado abril desmantelar una organización criminal dedicada a la fabricación y contrabando de tabaco y con tentáculos en otros puntos de España y Europa.
La investigación se inició en septiembre de 2018 en Manzanares para esclarecer las causas de un incendio que se declaró en una nave del polígono industrial de unos 1.500 metros cuadrados. Hubo 16 heridos y unos días después del incendio se hallaron dos cadáveres entre los escombros. Entonces se dijo que era una nave abandonada, sin explotar y que se estaba tramitando una licencia de actividad para un negocio de almacenamiento y clasificación de ropa de segunda mano. A la Guardia Civil le resultó todo muy extraño y abrió una investigación incluso antes del hallazgo de los cadáveres. Las pesquisas les llevaron hasta otro polígono industrial, esta vez en la localidad cordobesa de Santaella.
La investigación se cerró con 27 detenidos y la incautación de más de un millón de cajetillas de tabaco, 750 kilos de esta sustancia para picar y 2.000 kilos de cigarrillos para liar. El valor de tabaco aprehendido se acerca a los 10 millones de euros.
Según el general jefe de la zona de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, Manuel Llamas, fue la operación más importante que se ha hecho en España contra el contrabando de tabaco (la segunda más grande desde la operación Nécora). Entre los detenidos se encuentran los presuntos cabecillas de la organización con conexión internacional, que siguen en prisión. También figuran dos hermanos de Córdoba que se han defendido arguyendo como único vínculo con la supuesta trama de contrabando el haber alquilado sus naves a unas personas sin sospechar el fin que se les atribuye.
La mayoría de los ucranianos igualmente negó los cargos tras alegar que fueron captados en Ucrania con falsas promesas de trabajo. Una vez que llegaban a España, según su versión, un miembro de la organización les llevaba hasta una nave donde permanecían trabajando en el interior un mes aproximadamente con el fin de no levantar sospechas ya que ninguno de ellos poseía visado para trabajar.
La fábrica que desmantelaron en abril habría tenido una capacidad de producción de unos 200 millones de euros durante los cuatro meses que duró su actividad. La producción se exportaba a países europeos como Inglaterra, Italia y Rusia. El único trabajador que figuraba en la citada sociedad es Petru Pastela, moldavo de 42 años, afincado en Vinarós (Castellón) y visto en Manzanares.