El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó el descalabro de la economía española en el primer trimestre del año a causa del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus, con un desplome del 9,2% del Producto Interior Bruto (PIB). Una situación que ha dejado en la calle a miles de empleados y que ha puesto contra las cuerdas a muchas empresas, sobre todo las más pequeñas. Y dentro de este colectivo, unas de las más afectadas son las denominadas ‘empresas familiares’, agrupadas en la región en una asociación desde la que se piden medidas urgentes para atenuar un panorama que se antoja dramático.
Su presidente, Juan Ignacio de Mesa, pide a las autoridades estatales «concreción y seguridad» en las medidas que deben adoptar estas empresas para ajustarse a la nueva realidad para convivir con el Covid-19, además de una «inyección de liquidez brutal» para evitar un problema en estas pequeños negocios, «un problema de todos», enfatiza.
Son medio centenar de socios (cinco arraigados en la provincia de Ciudad Real) los que integran esta Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, un sector que supone el 93% del tejido empresarial de la región y un 7% del PIB autonómico. Son empresas modestas, vinculadas directamente a familias que ahora se debaten en cómo afrontar esta complicada situación. Por ello, De Mesa insiste en la necesidad de que las autoridades actúen rápido. «Es un escenario cada vez más negativo y se precisan medidas de impulso económico. No queremos cambios de criterio sino seguridad jurídica y seguridad en la inversión que vayamos a realizar. Que se agilice la toma de decisiones, que se adopten medidas para ahora, no sólo anuncios», afirma.
Y entre esas medidas económicas urgentes, De Mesa apunta, en primer lugar, a «no restar liquidez a las empresas ni a sus familias, aplazando el pago de tasas e impuestos», para después activar un proceso de financiación para contrarrestar problemas de subsistencia y disponer de liquidez para evitar la destrucción de sus empleos. Por ello, insiste en la necesidad de escuchar, en boca de las autoridades, «claridad en las propuestas e inmediatez en las decisiones».