Al parecer, a los amigos de lo ajeno  les gusta también actuar contra el patrimonio patrimonial, artístico y cultural de la provincia. Fiel reflejo de ello es que hasta el mes de agosto de este año, el Ministerio del Interior ha registrado un total de seis delitos contra el patrimonio, de los que dos se han acometido en la capital. Se trata de infracciones estipuladas dentro de los artículos 321 al 324 del código penal, según informaron a este medio fuentes ministeriales.

Hasta la fecha se trata del mayor número de delitos ejecutados en los últimos cinco años. Fiel reflejo de ello es que en la capital no se ha producido ninguna actuación de este tipo hasta este año, mientras en la provincia se detectó un caso en los años 2017 y 2018, respectivamente, y dos en 2016. El año 2015 se cerró con cero infracciones contra el patrimonio. Fuentes del área del Patrimonio provincial,  dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, achacaron el aumento de delitos a una mayor tarea de vigilancia e inspección de los Cuerpos de Seguridad del Estado. De momento, no han transcendido los lugares en los que los presuntos delincuentes han actuado, ya que «hay que ser muy cuidadosos en este tema, ya que en algunos de los casos está en marcha el procedimiento, no hay vista ni sentencia todavía y además se corre el riesgo de hacer efecto llamada al difundir localizaciones donde hay bienes con riesgo de ser expoliados», argumentan a este medio las mismas fuentes.

Entre las infracciones y delitos más frecuentes se encuentra el uso de los detectores de metales en yacimientos arqueológicos de cara a encontrar utensilios metálicos de valor como monedas o puntas de flechas, lo que «supone un delito de expolio en el yacimiento». Una práctica que en comunidades como Andalucía está prohibido pero que en Castilla-La Mancha el uso del detector está permitido pero no para expoliar un yacimiento. En relación a otros hechos de actuaciones prohibidas destacan los expolio y la destrucción de bienes, y que se pueden considerar leves, graves o muy graves y sanciones que pueden oscilar desde los cien euros al millón.