Este martes se cumple una semana de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 28/2020 de trabajo a distancia y que abre un periodo de tres meses en el que las empresas y los trabajadores lleguen a acuerdos particulares sobre las condiciones de esta fórmula laboral. Se trata de una negociación que en estos siete días no ha cerrado ninguna empresa de la provincia de Ciudad Real, según han apuntado CCOO, UGT y Fecir, quienes consideran que el gran impacto del sector agroalimentario en la provincia reducirá la posibilidad de acogerse al teletrabajo, al que tanto sindicatos como patronal citan la posibilidad que ofrece el Real Decreto de regular mediante la negociación colectiva, aplicándolo en los convenios sectoriales.
Según estima la empresa de recursos humanos Randstad unos 20.000 trabajadores teletrabajan en estos momentos en la provincia de Ciudad Real. Randstad señala que un 19,7 por ciento de los empleados de Castilla-La Mancha tendría la opción de teletrabajar desde sus domicilios, una tasa alejada de la media nacional y que se ubica en el 22,3%. El dato implica cerca de 150.000 empleados.
«Si el teletrabajo se hace conforme a la regulación es bueno en la medida en que permite la conciliación», señaló la secretaria de Acción Sindical de UGT en Castilla-La Mancha, Alfonsi Álvarez, quien advirtió que lo que no puede ocurrir es que «en vez de teletrabajo haya timotrabajo» o lo que es lo mismo, mandar a casa a trabajar a una persona sin que haya control horario y «sin poner ordenador o material» por la empresa. Además, advirtió sobre esa situación ocurrida en el confinamiento en el que se esté trabajando «a cualquier hora del día». «Si el teletrabajo es necesario para conciliar no puede ser que empeore la situación de las familias».
El secretario provincial de CCOO, José Manuel Muñoz, recordó que el Real Decreto plantea un plazo de tres meses para llegar a acuerdos en aquellos casos en los que ya se teletrabajaba, con carácter previo, algo «complejo» en la provincia, puesto que apenas existía esta modalidad hasta ahora. «Habrá que llevar el teletrabajo a la negociación colectiva», advirtió, en una mirada compartida por Álvarez de UGT, y recordó que puede haber dificultades al llevar la normativa nacional a los sectores concretos de la economía o a un tejido productivo como el de la provincia compuesto en su mayoría por pymes:
«Llevamos todo el año pasado y el anterior tratando de incluir el registro horario en la negociación colectiva pero fue imposible», señaló, por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT. «Va a ser complicado meter cualquier novedad y costará sudor y lágrimas», advirtió.
Por este motivo, Muñoz señaló que los convenios que vienen «no se pueden limitar al tema salarial». «Estamos entrando en una situación en la que hay que tratar muchas otras cosas» y que han tenido importancia durante los meses de pandemia, advirtió el responsable provincial de CCOO.
límites. El presidente de Fecir, Carlos Marín, reconoció en declaraciones a La Tribuna que el teletrabajo será clave también en las próximas negociaciones de convenios pero advirtió que una provincia como Ciudad Real, con un sector agroalimentario tan importante, habrá dificultades en la aplicación de ese trabajo desde el domicilio. «A través de los convenios se va a regular mejor el teletrabajo», dijo Marín, quien pidió que no todo se base en los textos de esos acuerdos entre sindicatos y Fecir, dejando «una puerta abierta a las empresas» para que lleguen a acuerdos con sus trabajadores desde esa base. «Cada uno sabe lo que tiene que hacer para su supervivencia», señaló el presidente de Fecir, para el que viene «una cuesta» económica, marcada por el final de los ERTE y el inicio del pago de los créditos ICO, en la que es necesario ayudar para evitar que haya empresas que desaparezcan.
Marín apuntó que no es partidario del «teletrabajo las 24 horas del día», porque «la interrelación de la dirección con los trabajadores» es clave a la hora de funcionar una empresa y apostó por una combinación entre teletrabajo y trabajo presencial. Se trata de una regulación que podría ser beneficiosa para los municipios al atraer habitantes e, incluso, para las empresas que podrían llegar a ampliar plantillas si se hiciera correctamente, dijo.