Por fin una buena noticia, o un principio de acuerdo, o una medida que no parece que vaya a suscitar protestas de las comunidades autónomas porque va en la dirección de salvar la temporada de verano en la medida de lo posible, que la implantación del pasaporte vacunal sirva para favorecer la movilidad de quienes puedan demostrar que están vacunados, al menos de la primera dosis, que han pasado la enfermedad o que tienen una PCR negativa. El comúnmente conocido como ‘pasaporte’ no es tal y no deja de suscitar dudas legales por discriminatorio, pero todo el mundo parece dispuesto a hacer la vista gorda con tal de que fluya el turismo. Ni Madrid ha alzado la voz pasado dos días desde que el Ministerio de Sanidad se haya afirmado que no es un documento de viaje o un requisito para viajar –no sustituye a otros mecanismos de control que establezcan las autoridades de los distintos países europeos-, pero sí es un instrumento que facilita la movilidad. Como todas las decisiones que se adoptan en la pandemia su uso o validez es susceptibles de cambiar de un día para otro.
La vacunación, no obstante, sigue siendo el principal caballo de batalla para las autoridades sanitarias, y de rebote en la campaña electoral madrileña. La presidenta autonómica ha declarado que “si por ella fuera, el cien por cien de la población de la comunidad ya estaría vacunada”. Como declaración de intenciones no está mal, pero ni Israel que es el país que más ha corrido lo ha logrado. Por supuesto, no ha explicado como lo habría conseguido, ni donde habría comprado los viales cuando las compras están centralizadas por la Unión Europea que los distribuye proporcionalmente, precisamente para evitar la ley de la selva que se desató al comienzo de la pandemia a la hora de adquirir los equipos de protección individual o los respiradores.
La propuesta liberal, libertaria, de libertad para los que más tienen, que ha realizado Ayuso para que las grandes empresas privadas puedan comprar vacunas, ella dice que no iría en detrimento de la sanidad pública, es no solo imposible por la política de las farmacéuticas, sino porque supone una vulneración del principio de igualdad, aunque está en consonancia con su idea de la libertad, que quien pueda que se pague la vacuna, y quien no que se ponga a la cola.
A medida que la campaña electoral avanza Ayuso corre el riesgo de que su locuacidad le juegue una mala pasada. Desde su consejería de Sanidad se apunta a la posibilidad de que alguno de los grandes ‘vacunódromos’ tenga que cerrar por la falta de dosis, y al mismo tiempo se pide que con los viales de AstraZeneca se pueda vacunar sin límite de edad, cuando en la comunidad autónoma todavía quedan centenares de miles de personas de entre 60 y 69 años -límites recomendados por Sanidad- por recibir la primera dosis. Un patinazo a añadir al fiasco de la incorporación de Toni Cantó a su candidatura, o el relativo a su declaración de bienes.
La discriminación positiva, sin embargo, si se podría aplicar a quienes están incluidos en los rangos de edad que ya han sido vacunados casi al completo, puesto que se ha comenzado por aquellas cohortes que más riesgo han corrido durante la pandemia, para que tengan ventajas a la hora de viajar. La CEOE ya ha pedido que se ponga en marcha el programa del Imserso para favorecer al sector turístico.