Los últimos datos de la violencia de género dados a conocer por la Fiscalía General del Estado revelan que sigue aumentado año tras año  pese a las medidas legales establecidas, protocolos, campañas y políticas de igualdad. 2019 se cerró con la cifra más alta de mujeres asesinadas por sus parejas (55) en todo el estado español y 2020 no ha mejorado los datos y lamentablemente ya son 34, la última víctima  ha sido Nancy Paola Reyes, que residía en Ciudad Real.

En el último año no hubo víctimas mortales en la provincia, pero sí aumentaron las denuncias por maltrato hasta el punto que el número de diligencias previas, las realizadas por los jueces de instrucción para averiguar y constatar el delito, se han multiplicado por cuatro.

Según los datos de la Fiscalía, a los que ha tenido acceso este diario, de 254 diligencias previas abiertas  por los jueces de instrucción se ha pasado en un año a 1.012, la cifra más alta de  Castilla-La Mancha que registra un total de 3.037. Detrás de Ciudad Real se sitúa Toledo con 872, seguido de Guadalajara con 516. En Albacete se incoaron 319 diligencias y 318 en Cuenca.

Los procedimientos abreviados abiertos en los juzgados de Penal por delitos castigados con condenas inferiores a 9 años de cárcel o penas menores también colocan a Ciudad Real a la cabeza de la región con 153 causas incoadas.

Otro indicador de que la violencia sigue en aumento se encuentra en las diligencias urgentes y juicios rápidos celebrados. Tras la detención del acusado, es conducido al juzgado de guardia y se puede abrir el proceso para juicio rápido cuando las pruebas son suficientes para demostrar el delito. Si hay conformidad (el acusado admite el hecho y acepta la condena) se resuelve en uno o dos días. En el plano de las diligencias urgentes incoadas por violencia machista se han incrementado en Ciudad Real un 23,55% en un año al pasar de 569 a 703 en 2019. Esta cifra sitúa a la provincia en el segundo lugar de la región con un total de 2.578 diligencias urgentes.

En el marco legal de protección, los jueces acordaron a instancia de los fiscales 485 órdenes de protección,  frente a las 403 del ejercicio anterior, lo que representa un 20,34% más en un año. Estas medidas recogidas en el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se adoptan cuando hay indicios fundados de que las mujeres maltratadas pueden ser víctimas de delitos contra la vida, contra la integridad corporal o moral y libertad sexual.

 El juez valora los indicios existentes de violencia de género y fija una orden de protección para establecer diferentes medidas que pasan por el ámbito penal (prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima o pulsera electrónica de localización) y el orden civil, con medidas relativas a la guardia y custodia, pensión de alimentos, uso de la vivienda familiar y régimen de visitas.

Las órdenes de protección adoptadas sólo con medidas penales se elevan a 272, mientras que las de forma conjunta (penales y civiles) únicamente suman 92.

Aparte de estas medidas cautelares, los fiscales formularon 24 peticiones de prisión por delitos de violencia de género. En ejecución de sentencia fueron 54 los hombres que acabaron en prisión por hechos de esta naturaleza.

La mayoría de las sentencias fueron acorde con la petición del fiscal. En 2019 los fiscales formularon 423 calificaciones y se dictaron 497 sentencias condenatorias, 350  de conformidad con el fiscal, es decir, algo más del 70%. Las absolutorias fueron 69, según los datos de la Fiscalía General del Estado.