Arroyo confía en que Trump dé marcha atrás

Carmen Ansótegui
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La imposición de aranceles en Estados Unidos tendría un impacto aproximado de 765 millones de euros en el sector agroalimentario español. Las exportaciones de queso serían las más afectadas en el caso de Castilla La Mancha

Arroyo confía en que Trump dé marcha atrás - Foto: JUAN LAZARO

Casi un tercio de la facturación anual de queso manchego se exporta a Estados Unidos, país que amenaza ahora con imponer una serie de aranceles que podrían poner en riesgo estas ventas. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, ha trasladado hoy al ministro en funciones, Luis Planas, su preocupación por la repercusión que tendrán estas sanciones de la Administración de Trump en el sector agroalimentario de la región.
Si los aranceles se acaban materializando los productores de aceite y vino también sufrirán las consecuencias, aunque es el queso el alimento que más sensibilidades despierta en Castilla La Mancha por ser el más representativo. La denominación de origen es la que más factura en España y hay que tener en cuenta que las exportaciones al país norteamericano alcanzan un valor aproximado de 55 millones de euros. Esta cifra podría disminuir considerablemente si se acaba haciendo oficial que a partir de 18 de octubre se aplicará un arancel del 25%.
En lo que se refiere al vino y el aceite, recordó que es el producto envasado y de menos de dos litros el que se vería afectado. En este sentido, declaró que «sería muy perjudicial, porque nosotros apostamos por exportar el producto ya envasado para que el valor añadido se quede en la región».
Por todo ello, Martínez Arroyo manifestó su deseo de que el Gobierno de Donald Trump dé marcha atrás y reconduzca la situación. Y es que además, considera injusto que el sector agroalimentario sea el que cargue con las consecuencias de una guerra comercial en la que «nada tiene que ver», tal y como explicó ante los medios de comunicación antes de reunirse con Luis Planas y el resto de consejeros autonómicos.
Por su parte, el ministro tachó de «inaceptable» la imposición de estos aranceles  aseguró que España será «firme» en las negociaciones. Según los cálculos realizados por el Gobierno, el impacto económico rondaría aproximadamente los 765 millones de euros para el sector agroalimentario español, aunque insisten en que se trata de un dato provisional.
Se podría activar el almacenamiento privado. Ante la posibilidad de que Estados Unidos acabe materializando esta amenaza, el Ministerio tiene previsto plantear en Bruselas esta misma semana varias líneas de actuación. Por un lado, propone movilizar recursos financieros comunitarios, activar el almacenamiento privado del aceite de oliva y activar medidas de promoción de la Política Agraria Común (PAC) para que los productos afectados puedan abrirse paso en nuevos mercados.
Asimismo, Planas anunció que podría pedir a la Comisión Europea la adopción de acciones inmediatas de respuesta por valor de 4.000 millones de euros contra Estados Unidos. Se trata de una medida que otorgó la Organización Mundial del Comercio en 2004 y que, aunque nunca se ha utilizado, «está en el cajón». Tal y como explicó el titular de la cartera, se trata de «un viejo asunto pendiente» al que podría recurrirse.

28,5 millones para la ecológica, apicultura, razas en peligro y pastoreo
Por otra parte, Martínez Arroyo anunció que el gobierno autonómico pondrá 28,5 millones de euros a disposición de los agricultores y ganaderos ecológicos y de ganadería extensiva que están afectados por la apicultura, por las ayudas de las razas en peligro de extinción o por el pastoreo. De este modo, quienes iniciaron los cinco años de ayudas en 2015 tendrán garantizado el próximo ejercicio financiación pública.
Estiman que se beneficiarán de esta medida un total de 7.500 agricultores y ganaderos castellano manchegos que, tal y como explicó el consejero, «comenzarán a sembrar sabiendo que tendrán la anualidad correspondiente».
Y en lo que respecta a la futura PAC, desde la Consejería mantienen su deseo de que sea verde, dirigida a los consumidores y que proteja a los agricultores y ganaderos profesionales. Se trata de viejas reivindicaciones que para Arroyo son más necesarias que nunca porque, según explicó «los recursos públicos siempre son escasos y puede que en este momento lo sean todavía más». De ahí que entienda de vital importancia hace una PAC lo más justa posible.