«Ni temeridad ni mala fe». La alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy, hizo todo lo que estaba en su mano para que los vecinos de este municipio tuvieran una depuradora y, mientras tanto, se acometieron obras de mejora para el tratamiento de las aguas residuales a través del filtro verde entre el 19 de marzo y el 17 de abril de 2015 bajo la dirección técnica de la mercantil Sima Ingeniería. Igualmente, Monroy acordó medidas para el mantenimiento a fin de evitar que la superficie del terreno del filtro verde se sobrecargase en un único punto. Así lo considera probado la Audiencia Provincial que ha absuelto a la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy, y a los concejales a los que fuera concejales de Medio Ambiente Jesús Manuel Ruiz y Antonio Gil. 

A los tres se les acusó de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (vertidos de aguas residuales sin depurar al río Tirteafuera, en la zona conocida como ‘El Juncal’ desde el año 2014) y a la alcaldesa también de delitos de falsedad en documento público y prevaricación administrativa. Unas acusaciones por las que llegaron a pedir seis años de cárcel al añadir lesiones imprudentes las acusaciones particulares ejercidas por Ecologistas en Acción de Ciudad Real y la plataforma vecinal Caleros-La Mata.

También se absuelve al Ayuntamiento de las «pretensiones indemnizatorias que se dedujeron en su contra, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas». 

Monroy, absuelta de delito medioambiental - Foto: Fotos Rueda VillaverdeEn la sentencia, bien fundamentada, de la que es ponente la presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, María Jesús Alarcón, se dictamina que ni alcaldesa ni los dos concejales de medio ambiente son responsables de los hechos por los que venían siendo acusados y además tampoco se ha acreditado qué nivel de deterioro ecológico y afección al equilibrio natural tuvieron. 

El Tribunal sentencia que «no ha quedado acreditado qué nivel de deterioro ecológico y afección al equilibrio del sistema natural y salud de las personas provocó el vertido de las aguas residuales».

Revisando el conjunto de las actuaciones, la Sala «no aprecia ni temeridad ni mala fe» en la conducta procesal de los encausados, que durante el juicio mantuvieron que hicieron las gestiones que estaban en su mano para dotar a Argamasilla de Calatrava de una depuradora, como contempla la ley para un municipios con ese número de habitantes. En este contexto, el Tribunal señala en los fundamentos de derecho que resulta indiscutible que el actual sistema de depuración de las aguas residuales por el filtro verde es «obsoleto» y «no adecuado para un municipio como Argamasilla de Calatrava con 6.000 habitantes, extremo acreditado tanto por las periciales practicadas e incluso testificales». Pero que el sistema sea «deficitario para la depuración de las aguas residuales no puede per se dar lugar a responsabilidad penal», añade la ponente de la sentencia.

En cuanto a la acusación particular ejercida por una vecina, juzga que no se ha acreditado que la infección por parásitos que se detectó en el análisis microbiológico de la denunciante en 2011 tuviera su origen en la contaminación de las aguas.

En definitiva, el Tribunal no aprecia conducta dolosa en los procesados y subraya que desde la fecha en que se materializó el cese por los servicios periféricos del mantenimiento del filtro verde, fueron «constantes» los correos electrónicos remitidos a diferentes administraciones con el fin de dar una solución a la depuración de las aguas residuales. «Esa actividad no puede calificarse de pasividad, sino de preocupación en la resolución del problema», sentencian.