Lidia Montes abre con extrema delicadeza el único grifo de su casa, en los suburbios de Lima. Lo hace suavemente, lo justo para que salga un chorro fino y débil que le permita lavarse las manos.

El líquido cae en una tina de plástico, lo que evita que caiga al seco cerro donde está encaramada su humilde vivienda. Para ella el agua es un bien de valor incalculable, y más ahora, frente a la pandemia. Lavarse las manos, el sencillo consejo para mantener a raya al coronavirus, resulta un auténtico lujo para unos 600 millones de personas en el planeta que no tienen agua en sus casas y, desprotegidos contra la COVID-19, se han vuelto más vulnerables aún que antes de la llegada de la enfermedad.

En Latinoamérica, la región del mundo con más recursos hídricos, hay unos 34 millones de habitantes sin acceso en sus viviendas a la red pública de agua, según el Banco Mundial. La mayoría sufre pobreza económica y están entre los grupos sociales más expuestos al avance sin freno de la pandemia.

Los camiones cisterna son una de las alternativas. - Foto: JUAN PONCE VALENZUELAAproximadamente uno de cada diez está en Perú, un país que paradójicamente es el octavo del mundo con mayor abundancia de agua, pero donde casi el 10  por ciento de su población debe buscarla por sus propios medios a un precio sangrante para sus delicados bolsillos.

Para esta mujer de 39 años, madre soltera con dos hijos menores a su cargo y otros tres ya emancipados, racionar y reutilizar el agua es vital, pues en este rincón vale por lo menos cuatro veces más que en un distrito de clase alta.

El agua que usa Lidia viene de un depósito de 1.100 litros. Llenarlo tres veces al mes le cuesta más de 60 soles (unos 16 euros). Eso mismo valdría 15 soles (casi cuatro euros) si la red llegase al empinado cerro donde está su hogar.

Dependen del aguatero, el camión cisterna que vende el agua, sobrevaluada por la necesidad. En este cerro fueron los vecinos los que construyeron un depósito y una rudimentaria red de mangueras para, con una bomba, llevar el agua hasta las partes más altas.

«A veces lloro pensando que mi economía no me alcanza para mis hijos», lamenta la mujer, mientras Jhon, que tiene cuatro años, le demanda atención.

Los únicos alivios para este mal trago son el bono de 110 euros que dio el Gobierno a 3,5 millones de hogares en situación de pobreza y los camiones cisternas. Falta poco para el mediodía y de repente el confinamiento se rompe en este cerro, los vecinos se juntan expectantes en una descuidada cancha. Ha llegado la cisterna gratuita y esta vez acompañada de autoridades, que prometen que la red pública llegará a la zona en dos o tres años.

Tuberías vacías

Las cuatro hijas y el bebé de Angélica se apresuran a meter en su casa, cercana al borde de un barranco, los tambos, cubetas y toneles vacíos tras haber esperado sin éxito la cisterna municipal. La que suple el inexistente flujo en las tuberías de sus casas, en la periferia de Ciudad de Guatemala, desde enero pasado.

Angélica, embarazada de su sexto hijo antes de cumplir los 30 años, se dedica a vender tortillas a pocos metros de su hogar y no recuerda haber sufrido nunca tanto por la escasez de agua como ahora.

El drama del agua ahoga con su carencia a más de tres millones de guatemaltecos, según indica el doctor en Ingeniería del Agua y del Ambiente, Marco Morales, que lamenta que las autoridades reparen en la importancia del recurso hídrico cuando «la pandemia desnuda la realidad de la crisis del agua».

Con decenas de contagiados, Morales admite que la vulnerabilidad de la población es «altísima» por la indolencia de las autoridades en un país que, como Perú, tiene «demasiada agua».

Chile enfrenta la pandemia en medio de la peor sequía de su historia reciente. La escasez de agua hace todavía más difícil lavarse las manos en las zonas agrícolas, las más afectadas por la crisis hídrica.

El 47,2 por ciento de la población rural no dispone de abastecimiento, según datos de Greenpeace, y la recibe a través de pozos, ríos o camiones. Este último es el caso de los pequeños pueblos de la comuna de Petorca, en la región de Valparaíso, donde no se puede consumir más de 50 litros por persona al día, cuando un estadounidense medio consume entre 300 y 380.

«¿Cómo nos vamos a enfrentar al coronavirus cuando sabemos que sin agua no hay salud? Nuestra cuota diaria la repartimos entre el aseo, la alimentación y vivir», dice el presidente de la Unión de Agua Potable Rural de la zona, Álvaro Escobar, tras expresar su tristeza por el abandono del Estado.

Unos 150 kilómetros al sur de Petorca, en Rungue, solo hay tres o cuatro horas de agua al día. Riegan las plantas con lo que sobra de lavar la ropa. Por eso Carolina Moreno, dirigente vecinal, lanza una carcajada al escuchar la medida de higiene. «Es una falta de respeto que te digan que te laves las manos cuando nosotros ni tenemos».

A la sequía se suma que un 80 por ciento de los recursos hídricos de Chile están en manos privadas. La Constitución (1980) otorgó derechos de aprovechamiento gratuitos a particulares y les dieron libertad para venderlos a precio de mercado. Por eso para el secretario general del Movimiento de Defensa del Agua, Rodrigo Mundaca, es «fundamental» que el agua se blinde como un «derecho humano».

«Es imposible que la gente se lave 20 o 30 veces las manos gastando dos litros cada vez», apostilla.

De norte a sur las poblaciones más desfavorecidas de Latinoamérica claman por ese derecho fundamental, el acceso al agua, cuya carencia, ahora, pone sus vidas aún más en riesgo.