Rompió amarras hace ahora diez años en medio de una tempestad de críticas. En esta larga singladura ha habido mar gruesa, marejada, marejadilla, calma chicha ... «Críticas siempre ha habido y las habrá y es bueno que las haya, ya que sirven de acicate para mejorar todo aquello que sea posible y esté en nuestras manos», responde a La Tribuna el secretario coordinador provincial, Jesús Martín-Gil Martín de la Sierra, cuando se le pregunta si ha amainado el temporal. No obstante, remarca que «lo peor de las críticas es cuando se trata de generalizaciones basadas en prejuicios, casos concretos y puntuales que no son la regla general o cuando no descienden al dato, cuestionando el esfuerzo y trabajo de todos los implicados».
Martín-Gil asegura a este diario que en estos años han sido numerosas, y siguen siendo, las reuniones de trabajo con magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, graduados sociales y otros colectivos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Locales, Sanidad, Universidad... «A todos nos mueve el mismo fin: prestar el mejor servicio público posible a los ciudadanos que es a quien nos debemos».
El pasado 2020 fue para la Administración de Justicia «un año muy duro y muy complicado como para el resto de servicios públicos». La paralización de la actividad judicial, nunca conocida hasta ahora, supuso un «reto de colosales dimensiones que sólo desde el esfuerzo de todos los integrantes de dicha administración ha podido ser asumido en la medida de las posibilidades», subraya Martín-Gil.
En este contexto, y a modo de ejemplo, indica que «los centenares de suspensiones de juicios habidos entre mediados de marzo y junio fueron objeto de reprogramación entre esa fecha y finales de julio», es decir, «en dos meses hubo de fijarse nueva fecha para su celebración y citación de todos los intervinientes a la mayor brevedad posible, compatibilizándolos con los ya existentes y que no se habían visto afectados por la suspensión; también la atención presencial del Registro Civil incluso durante el estado de alarma, el servicio de guardia en idénticos términos, etcétera».
Asegura que «todo ello fue posible, además del esfuerzo personal, gracias a las nuevas tecnologías, al expediente digital implantado en Ciudad Real desde el 11 de mayo de 2016 y al teletrabajo, que gradualmente y con muchas dificultades empezó a realizarse desde finales de abril», así como el seguimiento de las directrices y criterios de la Comisión de Seguimiento para la garantía del Servicio Judicial ante la situación de emergencia sanitaria creada por la COVID-19 en el marco del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha permitiendo a magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de los Cuerpos Generales trabajar desde sus domicilios en unas condiciones similares a las presenciales, resolviendo asuntos y tramitando los escritos presentados. «La Administración de Justicia no paró ni en los peores momentos, ofreciendo sus integrantes lo mejor de sí mismos en las peores condiciones».
En Instrucción única. La NOJ está implantada en los Juzgados de Ciudad Real y también en los de Primera Instancia e Instrucción Únicos de la provincia: Almadén, Almagro y Villanueva de los Infantes, «si bien es un cambio de denominación que no va acompañado de un cambio organizativo, ya que se tratan de Juzgados Únicos», precisa el secretario coordinador provincial de Ciudad Real.
«La Audiencia Provincial no está integrada en la Nueva Oficina Judicial (NOJ) pero participa parcialmente de la misma desde su despliegue, ya que el Servicio Común General de Ciudad Real asumió las tareas de registro y reparto de asuntos y escritos dirigidos a la Audiencia Provincial, tarea que hacía hasta esa fecha. La decisión de la integración completa o no de la Audiencia en la NOJ corresponde al Ministerio de Justicia».
Un salto adelante. En cuanto a si el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia también recoge cambios relativos a la NOJ, Martín-Gil indica que el Ministerio de Justicia ha anunciado la elaboración de dicho anteproyecto y otros más como el de eficiencia procesal y digital que configuran «un salto adelante» en la prestación del servicio público de Justicia. El anteproyecto se organiza en torno a tres ejes de cambio: creación de los Tribunales de Instancia, implementación de la Oficina Digital en todo el Estado y la creación de las Oficinas de Justicia en los municipios transformando los actuales Juzgados de Paz.
Martín-Gil explica que los Tribunales de Instancia suponen una especialización de sus integrantes y el establecimiento de criterios comunes entre sus miembros, lo que permitirá una mayor flexibilidad a la planta judicial que así podrá adaptarse a las necesidades de cada momento. «Evidentemente para dar servicio a dichos tribunales la Oficina Judicial que sirva de soporte a éstos debe adaptarse en el sentido marcado por los Servicios Comunes que actualmente conocemos en Ciudad Real».
Dichas Oficinas Judiciales «estarán netamente marcadas por un cariz digital en el que el Expediente Judicial Electrónico sea el eje vertebrador del trabajo de aquellas». El trabajo de base digital «permitirá la comunicación bidireccional, escrita y audiovisual, con las partes o terceros que tengan un interés justificado». Finalmente, añade que hay que resaltar el papel que desempeñarán las nuevas Oficinas de Justicia en los municipios (los antiguos Juzgados de Paz) que serán mucho más activas en la relación de la ciudadanía con la Justicia, acercando una a la otra mediante el uso de las nuevas tecnologías.