La Nueva Oficina Judicial acaba de cumplir diez años. Empezó a rodar en una pista de vértigo.  Ciudad Real fue la tercera capital de España donde se implantó este nuevo modelo organizativo judicial, pese a ser muy cuestionado y muchas las voces en contra. Más allá de la polvareda, los números son elocuentes como el trabajo realizado. Así lo asegura en declaraciones a La Tribuna el secretario coordinador provincial de Ciudad Real, Jesús Martín-Gil Martín de la Sierra, quien subraya que el nuevo modelo de oficina judicial se implantó en Ciudad Real el 9 de febrero de 2011 «en un contexto muy complicado» desde el punto de vista de la carga de trabajo que pesaba sobre Juzgados y Tribunales como consecuencia de la crisis económica de aquellos años.

«Sin descanso alguno y desde el punto de vista de la carga de trabajo para la Oficina Judicial se han sucedido las avalanchas de demandas por despidos en 2011, y las que esperan de 2020, de preferentes» y la de las «cláusulas suelo» para seguir con los efectos de la pandemia y la paralización de la actividad judicial por la declaración del estado de alarma. Cabe reseñar que todo ese incremento de trabajo «se ha abordado sin que se haya aumentado el número de Juzgados y Tribunales en Ciudad Real, excepto algunas medidas de apoyo».

Martín-Gil remarca que la actividad de los servicios comunes y de las Unidades Procesales de Apoyo Directo «no sólo no se ha detenido, sino que han incrementado su productividad, manteniendo los tiempos de respuesta de forma razonable». Así, el Servicio Común General ha pasado de registrar en 2011 36.322 asuntos a 39.655 en 2019 y de 105.322 escritos a 231.949.

En 2020, año de la pandemia, se han contabilizado 30.248 asuntos y 198.815 escritos, unas cifras inferiores por el efecto del COVID.

Por su parte, el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento ha seguido dibujando una curva ascendente en estos diez años. En 2011 dictó 1.743 decretos que ponen fin al procedimiento y en 2019 4.543, siendo 2.553 el pasado año.

 Del mismo modo, el secretario coordinador provincial de Ciudad Real destaca el número de procedimientos que se remiten a las Unidades Procesales de Apoyo Directo para enjuiciamiento, que asisten a los jueces y magistrados mediante la realización de las actuaciones para el cumplimiento de cuantas resoluciones dicten y que han pasado de 10.567 en 2012 a 12.429 en 2019 y a 8.111 en 2020, sin que las suspensiones de juicios por defectos en la citación cometidos por la Oficina Judicial hayan superado el 2% del total de las enviadas.

Respecto de los datos de 2020, explica que «no hay que olvidar que los plazos y trámites estuvieron cerca de tres meses paralizados por disposición legal». Asimismo, su actividad ha permitido que ya se hayan resuelto más del 65% de las más de 8.000 demandas de cláusulas suelo recibidas por los Juzgados.

En el Servicio Común de Ejecución en 2019 archivó 10.721 ejecuciones y ejecutorias y en 2020 un total de 7.925, a pesar de la paralización de unos tres meses por el confinamiento. Llegado a este punto, resalta que su actividad fue reconocida con el premio a la Calidad de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial en 2015.

Los Servicios Comunes han aportado homogeneidad e igualdad en el tiempo de respuesta en la tramitación de los procedimientos, independientemente del juzgado que tenga atribuido el conocimiento del mismo, lo que produce un «equilibrio» entre ellos, indica.

«Quiero reconocer el tremendo esfuerzo y trabajo de los letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de los Cuerpos Generales, que ha permitido ofrecer al ciudadano el mejor servicio público posible con las condiciones antedichas», afirma el secretario coordinador provincial de la NOJ, que también agradece el trabajo de magistrados, fiscales, médicos forenses, abogados, procuradores, graduados sociales y resto de profesionales, ya que todos integran la Administración de Justicia, un «servicio público que sólo desde el entendimiento colectivo puede ofrecerse al ciudadano».