La alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, ha comparecido ante los medios para dejar clara tanto su postura como la de su equipo de gobierno ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la que se condena al Ayuntamiento a pagar casi 9 millones de euros por la expropiación de los terrenos situados frente al cementerio. “Se trata de una decisión judicial que acatamos, pero no compartimos. Una decisión que condena al interés general de la ciudad y que trabajaremos para paliar en la medida de lo posible sus consecuencias sobre la vida de los vecinos en el momento de su ejecución”.  

“Hay veces que la justicia y la ley, están muy ajenas a la realidad social.  Y, esta es claramente una de ellas”, ha puntualizado Rodríguez, añadiendo que “nadie en Puertollano, ni cualquiera que conozca nuestra ciudad valoraría en casi 9 millones de euros esos terrenos. Ni hoy, ni en el  pasado han tenido nunca  ese valor”.

Lo ha calificado de “una mala noticia para Puertollano, de la que parece que algunos se alegran”, lamentando el oportunismo político delgrupo municipal del Partido Popular de Puertollano, «sin que ninguno de ellos haya, ni siquiera, asumido la responsabilidad de firmar el comunicado de prensa que les ha sido remitido esta mañana”. Isabel Rodríguez ha hecho especial hincapié en que “su responsabilidad de gobierno, está en gestionar, adecuadamente, los recursos públicos en aras a la defensa del interés general de nuestra ciudad. No se oculta  que, en el ámbito de resoluciones pendientes, son complejas y tienen una clara incidencia en nuestras cuentas y en los presupuestos futuros. De ahí la prudencia”.

La postura de la alcaldesa de Puertollano frente a este tipo de situaciones es la de “prudencia y responsabilidad, al estudiar todos estos casos que vienen del pasado. De leyes de hace décadas y de procedimientos que venían en curso de otras legislaturas”. Además, ha mantenido esta misma línea de “prudencia y responsabilidad, al trabajar y prever las posibles consecuencias de las mismas”. Y, también, ha destacado esa “prudencia y responsabilidad, que aconsejan comunicar este tipo de decisiones cuando se produce la entrada en el Ayuntamiento de la certificación de la sentencia como firme, al igual que la devolución del expediente administrativo por parte del Tribunal Superior de Justicia”. Según palabras de Isabel Rodríguez, “un hecho que aún no se ha producido”.

Por ello, ha continuado explicando “se ha seguido el mismo criterio en el caso de otra decisión muy favorable para los intereses municipales, prácticamente coincidente en el tiempo, como ha sido la desestimación de juzgado numero 1 de lo contencioso administrativo, que negaba que tuviéramos que indemnizar a otro particular con 21 millones de euros”. Un vez más, haciendo referencia a que “la magnitud y la transcendencia de estas decisiones judiciales, exigen prudencia y responsabilidad”.

Retomando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la que se condena al Ayuntamiento de Puertollano a pagar casi 9 millones de euros por la expropiación de los terrenos situados frente al cementerio ha aclarado que “se trata de una sentencia de noviembre del 2018, que comenzó a instruirse en junio del 2016.  Y por tanto, conocida por todos y entiendo que por los grupos de la oposición. El ayuntamiento presentó recurso de casación ante el supremo,  que ha sido desestimado hace unos días».

Ha insistido que su responsabilidad como alcaldesa «es gestionar esta situación, asegurando que va a pelear para que la justicia se haga cargo de las consecuencias que esta decisión tiene sobre la sociedad de Puertollano y, por tanto, hacer una buena previsión y ajuste en cuanto a la ejecución de la misma  para que sea viable con las cuentas municipales y el mantenimiento de los servicios público esenciales”, puntualizando que “supone el 20 % del presupuesto municipal”. Además, ha hecho referencia “a que aún estamos cumpliendo con otra de similares características”.

Ha reiterado que “las sentencias hay que acatarlas aunque no se compartan. Sea o no conforme a la ley del momento, lo diga un juez o un tribunal. Para común de los mortales, es profundamente injusto que los puertollanenses tengamos que pagar 9 millones de euros por un barbecho frente al cementerio” ha recalcado Rodríguez.

La alcaldesa ha zanjado el asunto diciendo que “han peleado hasta el final, porque se trata del interés de un particular frente al interés municipal que es el interés de todos”, volviendo a dejar constancia de que “seguimos pensando que es  una decisión injusta para la ciudad, aunque no nos quede más remedio que cumplirla”.