El fiscal pide penas de entre 9 y 14 años de cárcel para los cinco hombres y una mujer que montaron un laboratorio de cocaína en una finca de Alcázar de San Juan. Se trata de cinco colombianos y un español que se van a sentar en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real el próximo 26 de marzo para responder de un delito de tráfico de drogas que la Policía Nacional empezó a investigar a finales de septiembre de 2015.

Según ha podido saber La Tribuna, los encausados a través de sus abogados han intentado llegar a un acuerdo con la Fiscalía sin que haya prosperado. Por ello, según las fuentes, el juicio se va a celebrar.

La Udyco de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional en colaboración con agentes de Ciudad Real iniciaron en septiembre de 2015 una serie de investigaciones para llegar hasta las personas de una organización criminal que se dedicaba en Alcázar de San Juan y Madrid a la elaboración de clorhidrato de cocaína, utilizando principalmente una finca rústica en el término de Alcázar, para su posterior distribución.

El fiscal recoge en su escrito de acusación que la organización estaba formada por ciudadanos españoles y colombianos, éstos últimos residentes en Madrid, que adquirían grandes cantidades de productos químicos (precursores), que se utilizan habitualmente en laboratorios clandestinos de extracción, síntesis, elaboración, procesamiento y corte de cocaína dispuesta para su comercialización en el mercado ilegal.

La tapadera. La citada finca contaba con dos construcciones principales y otras accesorias, estando rodeado su perímetro por un vallado que impedía el acceso al interior, al estar recubierto por una tela verde, arbustos y brezo, que dificultan la visión del interior. Un techado en la parte posterior alberga un generador de grandes dimensiones, y un tractor y un remolque en desuso con los que se trata de ofrecer una apariencia de que la finca es usada en labores de labranza. El acusado J.R.P.V. se encargaba presuntamente de tomar decisiones y del control de las distintas operaciones de tráfico de drogas llevadas a cabo por parte de la organización, y daba órdenes a los acusados E.A.P. M., A. G. C. y E.B.A., que en sus conversaciones empleaban los apodos de ‘papa’, ‘pocho’, ‘pocholo’ o ‘pocholín’, entre otros, para referirse al jefe. También están encausados R. B.B. y J.F. R.

La Policía desmanteló la organización y se incautó de 31 kilos de cocaína, 24 en el laboratorio.