Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad de Castilla la Mancha adscritos al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) publican esta semana una carta en la prestigiosa revista Science en la que ponen de manifiesto la problemática de la muerte ilegal de aves en Europa. Una situación que «continúa sin cesar» pese a los esfuerzos globales para proteger la biodiversidad.
«La Unión Europea ha promulgado varias directivas legislativas para detenerla. Entre ellas, la que exige a los estados miembros que se ocupen de la matanza y el comercio de especies protegidas, poniendo fin a las pérdidas sustanciales de hábitats que forman la red Natura 2000», aseguran incidiendo en que «estos países también han firmado convenciones internacionales sobre delitos contra la vida silvestre».
Los investigadores consideran que la legislación actual en la UE se queda corta en múltiples aspectos relativos a la protección de las aves. En este sentido, recuerdan que «el objetivo final de la mayoría de las regulaciones ambientales es proteger y beneficiar a los humanos, no tanto conservar el medio ambiente compartido con la vida silvestre».
Asimismo, ponen de relieve que la normativa comunitaria no se llega a aplicar en algunos casos, lo que conlleva sanciones para los países infractores. Por ejemplo, según precisan, «el Gobierno español autorizó la captura de 1,7 millones de fringílidos para canto entre 2013 y 2018, presumiblemente para garantizar un stock de aves para la cría en cautividad en caso de que se impusiera la prohibición de captura.
Por otro lado, los sistemas descentralizados en países como España presentan dificultades para el correcto cumplimiento legislativo de forma homogénea en todo el territorio. «En el caso del uso ilegal de cebos envenenados, 10 de las 17 comunidades autónomas aún carecen de planes de acción e invierten poco en recursos o programas de conservación», aseveran.
casi 900 intoxicaciones. La falta de compromiso para atajar este problema se demuestra con las intoxicaciones ilegales. Así, indican que solo entre 2004 y 2018 el IREC diagnóstico un total de 892 casos, incluyendo especies amenazadas como águilas imperiales, buitres negros, alimoches y milanos reales.
«Las lagunas legales permiten a los países no aplicar las normativas comunitarias en su totalidad, como es el caso de la caza de aves migratorias en 26 países mediterráneos, lo que tiene como resultado la muerte ilegal 11 a 36 millones de aves cada año mientras migran a través de la región», añaden.
«El primer paso para garantizar que los proyectos de conservación sean efectivos debe ser la aplicación de las leyes de caza y ambientales, acompañadas de políticas educativas». Para ello, los gobiernos locales, regionales y nacionales pueden reducir las actividades ilegales al fortalecer las sanciones, estandarizar la implementación y aumentar los controles en el campo.