Dos de cada tres municipios de la provincia cumplen con sus proveedores dentro de los límites legales, es decir, saldan sus deudas en un plazo máximo de 30 días desde que se registran las facturas. Sin embargo, el porcentaje de los ayuntamientos cumplidores cayó del 77 al 67,5 por ciento al cierre del ejercicio 2018 en relación al año anterior, según los datos hechos públicos hace unos días por el Ministerio de Hacienda, que a través de La Ley de Estabilidad de 2012 estableció medidas para erradicar la morosidad en el sector público mediante el control periódico de la deuda comercial de las administraciones públicas.

En concreto, un total de 14 de los 43 municipios ciudadrealeños (el 32,5%) que facilitaron esta información al Ministerio de Hacienda sobrepasaron los 30 días a la hora pagar a sus proveedores al cierre de 2018, mientras que un año antes sólo se registraron 12 ayuntamientos incumplidores de 52, un 23%. En total, 17 consistorios redujeron el plazo medio de pago en relación a 2017 y otros 23 lo incrementaron, aunque sólo cinco sobrepasaron de un año a otro el límite legal: Argamasilla de Alba, Pozuelo de Calatrava, San Carlos del Valle, Villahermosa y Torralba de Calatrava.

En este último caso, el Ayuntamiento ha pasado de abonar las facturas de 1,93 días de media a 138,06. Según explicó a La Tribuna su alcaldesa, María Antonia Álvaro, se trata  de un problema de «liquidez» como consecuencia, fundamentalmente, de «una recaudación menor de la prevista». Hay que recordar que el equipo de Gobierno rebajó el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuyo tipo impositivo pasó del 0,84 en 2015 al 0,75 en 2018. La regidora avanza que el Consistorio «ha vuelto a solicitar una línea de crédito» para solventar esta situación y regresar a los indicadores positivos de 2017.

En la otra cada de la moneda se encuentran Alcolea de Calatrava, Almodóvar del Campo, Almagro y Luciana, que al cierre de 2017 presentaban un periodo de pago medio a proveedores por encima de los 30 días y que en 2018 lograron corregir este extremo, situándose dentro de los límites legales. En el caso concreto de Almagro, el Ayuntamiento pasó de abonar las facturas de los 42,86 días de media a 28,77, «un dato positivo a pesar de que la situación económica sigue siendo muy complicada».

«No estamos para tirar cohetes», enfatiza el alcalde almagreño, Daniel Reina, que asegura que el «enorme déficit» del Consistorio  ha sido el «gran hándicap» de una legislatura en la que el equipo de Gobierno «sólo ha podido acometer inversiones con el dinero procedente de otras administraciones». «Se van dando resultados positivos por la contención en el gasto, pero aún queda mucho trabajo por delante», insiste.

Villanueva de la Fuente fue el municipio ciudadrealeño que presentó un mejor indicador al cierre de 2018. Este ayuntamiento del Campo de Montiel se encontraba en el límite de los 30 días en el pago a proveedores en 2017 y redujo la media a 1,10 días en tan solo un año. Según su alcaldesa, María Dolores Fernández, la clave de esta mejoría se halla en el refuerzo realizado en la plantilla municipal, ganando así en celeridad a la hora de gestionar todos estos procedimientos. Y es que la falta de personal es un hándicap que comparten muchos consistorios, especialmente los de menor tamaño. También alude a la «sensibilidad» del equipo de Gobierno, consciente de que «una persona que ha llevado a cabo un trabajo tiene que cobrar lo antes posible». «Los ayuntamientos, durante muchos años, han tenido muy mala fama entre los proveedores, aunque ahora parece que esa visión va cambiando», apostilla.

Según los datos publicados por Hacienda, Ruidera es el ayuntamiento que más tarda en pagar a los proveedores con 425,41 días, seguido de Alcázar de San Juan y Alcubillas, que superan los 350 días. En algunos casos, como ocurrió en 2017 en Puertollano, existen procesos judiciales que paralizan el abono de las facturas. Este ayuntamiento cerró 2018 con 52 días de media para saldar sus deudas con las empresas, una cifra que se sitúa muy por debajo de la del año anterior, cuando la Administración local finalizó el ejercicio con 228 días. La explicación se encuentra en los aproximadamente 1,5 millones que se le adeudan a Grupo Sur por labores de vigilancia y seguridad, cuyas facturas aún no se han pagado debido a que la oposición ha paralizado estos pagos en varios plenos municipales al tener «dudas» sobre las mismas. Este asunto se encuentra actualmente en fase judicial, de ahí que Hacienda no contabilice estas facturas impagadas en sus estadísticas.