El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almagro ha fijado una nueva fecha para el desalojo de los usuarios de la residencia Calatrava, ubicada en Calzada, en la antigua fábrica de pegamento Imedio. El lanzamiento estaba fijado para hoy, 13 de marzo, pero el juez da un mes más de plazo para realojar a la treintena de mayores que aún permanecen en el centro residencial y fija para el 12 de abril (10.00 horas) el desahucio. Un plazo «máximo e improrrogable» al entender el juez que «no concurrirá ninguna causa que justifique una nueva prórroga» como así se recoge en el auto al que ha tenido acceso La Tribuna.
Con este son ya dos los aplazamientos que se llevan a cabo, pues cabe recordar que el juzgado almagreño encargado de este procedimiento, mediante un decreto dictado el pasado mes de noviembre, fijó para el 9 de enero de 2019 el desalojo, fecha que aplazó a hoy, 13 de marzo, y tras recibir el listado completo de todos los residentes y de sus tutores legales a fin de enviarles comunicación personal a todos ellos. Con el listado ya en su poder, y tras la comparecencia este lunes en sede judicial con responsables de las partes del proceso (las empresas Ruiz Espinosa 2013 SLU y Cabañas e Hijos) así como de Servicios Sociales del Ayuntamiento y Consejería de Bienestar Social, el juez informó ayer de la nueva fecha de lanzamiento, fijada ya para el mes de abril.
Fuentes de la empresa demandante, Cabañas e Hijos SA, explicaron que la solicitud del desahucio del inmueble obedece a los «impagos del alquiler» por parte de Ruiz Espinosa 2013 SLU, empresa que gestiona la residencia, tras una sentencia del mismo juzgado almagreño, fechada el 12 de marzo de 2018, que «declara resuelto el contrato de arrendamiento para uso distintos de vivienda» suscrito entre ambas empresas en diciembre de 2013. Asimismo, el juez condenó a la mercantil responsable de la residencia de mayores de Calzada de Calatrava a que «ponga en disposición de la demandante la finca dentro del plazo legal, con apercibimiento de lanzamiento en caso de verificarlo». Y además, condenó a la demandada (Ruiz Espinosa 2013 SLU) «a pagar a la parte actora la cantidad de 253.070,37 euros, importe de las rentas vencidas y no pagadas, más las que vencieren hasta la fecha del desahucio, más el interés legal desde la admisión de la demanda».
En relación al número de residente de la tercera edad del inmueble sobre el que versa el desahucio ascendía en enero a 52 personas, mientras a fecha de este lunes, el número de usuarios que permanecían en el centro residencial era de 35, previéndose la colocación de cuatro residentes en próximas fechas. Y es que, su reubicación y el deber legal de prestar su asistencia es que lo que está retrasando, en cierta medida, el desalojo, ya que las partes implicadas en el proceso aseguran que su bienestar es lo más importante. Así, fuentes de la parte demandante señalan que ven con buenos ojos el nuevo aplazamiento, ya que «los residentes no son muebles, son personas».
A pesar de que todas las plazas de esta residencia son privadas, la Consejería de Bienestar Social, en virtud de un decreto que regula la apertura y el cierre de este tipo de recursos, está mediando en el conflicto, tal y como hizo en su día con la residencia de la plaza del Pilar de la capital. Y con ese objetivo, la directora provincial de Bienestar Social, Prado Zúñiga, se ha reunido con los familiares de los mayores para exponerles las distintas opciones que maneja el Gobierno regional para su realojo en otras residencias privadas próximas a la de Calzada, además de informarles de la línea de ayudas que convoca la Junta para el pago de las plazas privadas.