La Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo alcanzó días atrás un primer acuerdo en materia de revalorización de las pensiones que no ha apagado por completo el descontento en jubilados y pensionistas, pero que al menos marca un camino a seguir. Todos los grupos presentes en la mesa, a excepción de Esquerra Republicana, aprobaron una recomendación que envía el sistema de pensiones al año 2013, para que el índice de revalorización de las mismas se una al IPC «real», sin que por el momento la propia mesa haya aclarado el apellido que ha colocado en el acuerdo al Índice de Precios de Consumo. Más allá de la fórmula en la que el Ejecutivo resuelva en su momento la ecuación para el cálculo de ese IPC real, lo cierto es que el Gobierno ya tiene sobre la mesa algunos parámetros para calcular lo que costará a las arcas del Estado incrementar las pensiones, una factura que, de mantenerse las previsiones y aplicar el IPC sin ambages, elevaría el gasto en pensiones en cerca de 21 millones de euros en una provincia, Ciudad Real, de por sí deficitaria con el sistema.
El acuerdo no deja de ser una recomendación dentro de la veintena que componen el Pacto de Toledo, pero es uno de los avances más significativos que se han alcanzado desde que esta comisión aborda la sostenibilidad del sistema de pensiones, una cuestión que parece poner de acuerdo a la mayoría de los grupos al enfatizar que las soluciones presentes sólo tendrían una vigencia de diez años, el horizonte de viabilidad que le otorgan al actual sistema. De hecho, ni siquiera en la interpretación de ese paralelismo entre revalorización de las pensiones y subida del IPC parecen estar todos de acuerdo, porque hay formaciones políticas que no descartan que otros factores (PIB, salarios) sean determinantes a la hora de abordar la revalorización de las pensiones en el corto plazo.
Por lo pronto, ya hay números encima de la mesa para calcular el impacto de la que podría ser la revalorización de las pensiones para el próximo ejercicio en la provincia de Ciudad Real. Las previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) elevan el IPC anual al término del año al 1,7 por ciento, una previsión que se revisa cada mes conforme a las cifras que saca el Instituto Nacional de Estadística sobre la evolución de los precios. Ahora queda aplicar ese 1,7 por ciento al actual sistema de pensiones, lo que supondría elevar en 15,14 euros la pensión mensual media en la provincia (890,73 euros) cada mes. Ese incremento, aplicado a las 98.699 pensiones que se pagan en Ciudad Real en la actualidad, supondría elevar la factura mensual de las pensiones en 1,49 millones de euros, lo que en el conjunto total del año, las doce mensualidades y las dos pagas dobles que abona el Estado, elevaría el coste de aplicar el IPC a las pensiones en la provincia en 20,92 millones de euros.
No obstante, el acuerdo para aplicar la subida del IPC como índice de revalorización de las pensiones puede no significar que los pensionistas de la provincia de Ciudad Real mantengan su nivel adquisitivo, toda vez que la inflación circula en estos meses en el territorio entre dos y tres décimas por encima de la del conjunto del país, o lo que es lo mismo, los precios en la provincia se encarecen por encima de lo que lo hacen en el conjunto del país, por lo que la revalorización de las pensiones podría no alcanzar para mantener el nivel adquisitivo de los pensionistas de la provincia de Ciudad Real. De hecho, en el mes de agosto, el IPC anual subió un 2,2 por ciento en el conjunto del país, y un 2,5 por ciento en la provincia de Ciudad Real, igual que sucedió en julio. Todo dependerá del IPC que el Gobierno aplique como «real» a la hora de sustituir el actual índice de revalorización de las pensiones (0,25 por ciento) por la primera de las recomendaciones acordadas por una amplia mayoría en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo.