El Consejo Fiscal ha respaldado por «unanimidad» el nombramiento de Luis Huete como fiscal jefe de Ciudad Real, cargo que ha revalidado tras optar a la reelección.
Luis Huete lleva 31 años en la carrera fiscal con una relevante hoja de servicios. Nació en la localidad toledana de Villacañas, cursó Derecho e ingresó en la carrera Fiscal en 1988. Su primer destino fue Cádiz y el segundo, Ciudad Real, tras tomar posesión en enero de 1990.
En mayo de 2007 marchó a Madrid, a la Fiscalía General del Estado. Siete años después regresó tras dar por concluida su etapa en la capital de España para encargarse de los asuntos de Violencia de Género y Siniestralidad Laboral, entre otras materias. Desde hace cinco años ostenta la jefatura de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real.
modificaciones y reformas. Recuerda que en 30 años «ha habido modificaciones sustanciales, de tres juzgados mixtos en Ciudad Real a siete, de seis fiscales en el 94 a 22 en 2020. Las plantillas «se mueven a escasa velocidad».
Luis Huete afronta el nuevo mandato con la misma entrega y con cambios y reformas en el horizonte. A este respecto, a preguntas de La Tribuna, habla del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo concerniente al Ministerio Fiscal sobre la investigación de los delitos como ya se hace en la jurisdicción de Menores.
Luis Huete, tras apuntar que no hay que olvidar que es un anteproyecto, el segundo desde 2011, indica que los cambios que contiene suponen una transformación completa de la justicia penal y, sobre todo, un reto muy importante para la institución de la Fiscalía, que exigirá esfuerzos materiales en cuanto al incremento de fiscales y también de funcionarios. Pero, según Huete, no solo en este aspecto, también supone un cambio de mentalidad, al pasar de un fiscal que acompaña y, en cierta forma, controla la actividad instructora del juez, a ser él quien instruya las causas penales.
Desde su punto de vista, «el sistema ofrece una mayor garantía para el investigado, ya que su posición se ve siempre amparada por un juez de garantías que salvaguarda sus derechos durante el proceso, mientras que en la situación actual, el juez de instrucción tiene un cierto sesgo inquisitivo». En el anteproyecto, «es el juez de garantías el que tiene que autorizar cualquier intromisión en los derechos fundamentales de los investigados, a petición del fiscal».
En cuanto a la infraestructura (despachos, oficina), el jefe de la Fiscalía considera que no habrá problemas: las dependencias para el juzgado de guardia de hoy serían del fiscal de guardia de mañana.
Dicho lo anterior, cree «improbable» que en esta legislatura pueda prosperar la modificación de la LECrim, «pues debe venir acompañada de modificaciones legislativas importantes, tanto en el ámbito de la Ley Orgánica del Poder Judicial (tribunales de instancia), la planta judicial, el estatuto orgánico del poder judicial, y otras muchas más», concluye Luis Huete.