El campo español se ha levantado. Sus movilizaciones llegan a muchas ciudades y los agricultores han sacado los tractores a la calle y alzado su voz para dar a conocer sus reivindicaciones, la primera, «precios justos» para sus productos al mismo tiempo que denuncian las diferencias que existen entre el precio en origen, el que se paga a los agricultores, y el precio final, el que abonan los consumidores en los establecimientos. En ese camino el importe crece debido a los márgenes de los intermediarios y la diferencia de precios pueden llegar a ser de «entre el 700 y el 800%», según las organizaciones agrarias.
Las protestas de los agricultores forma parte de la agenda política del Gobierno. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha mantenido reuniones con los responsables de grandes cadenas de alimentación para abordar esta crisis que vive el campo y que tiene sus efectos en Ciudad Real, donde la pérdida de competividad del sector agrario implicaría el abandono de las explotaciones y la despoblación de muchos pueblos, advierten los agricultores y ganaderos.
Toledo fue el primer toque de atención en Castilla-La Mancha con una marcha a la que asistieron más de 2.000 profesionales del campo de Ciudad Real convocados por Asaja, UPA y COAG.
Todos señalan los «bajos precios de todos los productos agrarios» y la «gran preocupación» que supone para explotaciones de olivar tradicional o la viña en vaso, donde el dinero «no es suficiente con la cosecha» para cubrir los gastos de producción. De igual modo, aseguran que «la ganadería no es viable», tal y como expone el gerente de Asaja en Ciudad Real, Agustín Miranda. La clave, «una Política Agrícola Común (PAC) que compense al sector agrario por los esfuerzos que está haciendo para mantener el medio rural respetando el medio ambiente».
Para el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Julián Morcillo, la solución a esa gran diferencia de precios pasa por modificar la actual Ley de la Cadena Alimentaria y establecer un precio mínimo para los productos agrarios que no sea inferior a los costes de producción. Además cree necesario endurecer las sanciones y hacerlas públicas.
El precio que se paga en el campo ha llevado a una situación «límite» y han levantado la voz a las puertas de abordar la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que podría pasa por reducir el presupuesto. Para Morcillo, las subvenciones que reciben los agricultores de Europa no son sólo para compensar la perdida de renta que tienen por no poder poner precio a sus productos, sino también por los condicionantes medioambientales y otros requisitos que les exigen, mientras que hay manga ancha a productos de terceros países que no cumplen esas exigencias.
De este modo, además del debate para impedir las ventas a perdidas, UPA también quiere abordar quiénes y por qué conceptos se cobran las ayudas de la PAC.
Para el vicepresidente de COAG en Castilla-La Mancha, Victorino Alhambra, «las ayudas no son la solución», ya que considera que si hubiera «precios razonables» no serían necesarias unas subvenciones que, además, se reparten de forma desigual. «Hay quienes cobran 500 o 600 euros por hectárea al año y otros que cobran 70 u 80 euros por hectárea al año».
Del mismo modo, las organizaciones agrarias denuncian que en algunos casos, las grandes cadenas de alimentación utilizan «productos reclamo» a precios muy bajos, «por debajo incluso del precio que han pagado por ello», para atraer a los consumidores y aumentar así las ventas. Un ejemplo lo pone Julián Morcillo con el aceite de oliva, con la competencia con otras cadenas y la bajada de precios de compra a los agricultores o cooperativas.
despoblación. Agustín Miranda, de Asaja, hace «un ejercicio de imaginación» sobre la incidencia que tendría el abandono del campo por la pérdida de rentabilidad de las explotaciones: «Tomelloso pasaría de 30.000 a 14.500 habitantes: Valdepeñas de 35.000 a 10.000; Membrilla, una décima parte de habitantes, Bolaños se quedaría en 2.000 habitantes o Campo de Criptana en 1.500», dijo en referencia a que la huella de la España vaciada sería aún más profunda si no se adoptan medidas en favor de la actividad agraria. También en este sentido se pronunció Alhambra, quien indicó que muchas explotaciones se abandonan por la falta de relevo generacional o porque los hijos prefieren no dedicarse al campo.