Murieron 76 personas en la Residencia de mayores Elder de Tomelloso al inicio de la pandemia de COVID-19. Las familiares presentaron una denuncia contra el director, que llegó a los juzgados, y el juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tomelloso abrió diligencias contra el director de Elder, José Manuel Sampedro, y la Fundación que sustenta este centro de mayores. El abogado que ejerce la acusación particular en representación de familias de varios de los fallecidos le imputa presuntamente un homicidio por imprudencia, omisión del deber de socorro y negación de asistencia médica.

Un año y veinte días después de  que se acordara la incoación de diligencias previas, el juez ha archivado de forma provisional la causa abierta al considerar que «la situación producida en la Residencia Elder», el fallecimiento de usuarios, «obedeció a un cúmulo de circunstancias desafortunadas». Así lo indica el juez en el auto que firma, al que ha tenido acceso La Tribuna.

En la resolución, con mucha fundamentación, se recoge toda la secuencia de hechos, la cronología de la pandemia, las recomendaciones iniciales, la celebración del carnaval, el 8 de marzo y otros actos previos al estado de alarma, así como un amplio capítulo de hechos.

A la vista de todo, documentación requerida y declaración de los testigos, el juez en su detallado auto concluye que la actuación del director del centro «discurría en línea con el sentir o la percepción general de la población y de las propias autoridades sanitarias, que infravaloraron la capacidad destructiva del nuevo virus según se advirtió a posteriori».

Según el instructor, «la indolencia que se imputa queda excluida mediante las declaraciones de los testigos, así como las facturas de compra de material aportadas a las actuaciones, el contenido de los mensajes intercambiados entre el director y los mandos intermedios que conformaban el grupo de WhatsApp utilizado como canal habitual de comunicación o las llamadas realizadas por Sampedro del 11 a 15 de marzo, el periodo más crítico». También algunas personas han puesto sobre el tapete que las gestiones realizadas por el director de la residencia no eran suficientes, que «estaba desbordado con la situación y que carecía de capacidad para asumir el mando», pero lo cierto -señala el juez- es que «la falta de capacidad o idoneidad del investigado para asumir la gestión de una situación imprevista e imprevisible como la que azotó a la residencia Elder, y en el momento en el que se produjo, no constituye el tipo ilícito de los delitos que se le pretenden imputar».

El juez instructor tampoco considera que José Manuel Sampedro boicoteara la gestión por la administración y determina que «en caso alguno puede calificarse de obstructiva la conducta llevada a cabo por la dirección o la Fundación Elder consistente en la presentación de solicitudes, recursos, alegaciones, o cuales quiera otros actos que admita la legalidad para rebatir una decisión de índole administrativa como fue la de intervención».

Del mismo modo, resuelve que se han realizado las diligencias pertinentes y considera «innecesarias» otras solicitadas por las partes al entender que las practicadas son «suficientes» para ofrecer una «visión fiable y completa sobre el iter de los acontecimientos, en los momentos previos, coetáneos y posteriores a los hechos». Juzga que las mismas serían «redundantes» o se proyectarían sobre aspectos que en el campo penal carecen de relevancia.

También fundamenta la elección de los testigos. «No fue por motivos altruistas, sino por su cualificación e intervención directa en los momentos críticos de la residencia con el fin de que ofrecieran una visión completa sobre los hechos. A día de hoy no trabajan en el  centro, por lo que carecen de cualquier vínculo de dependencia personal o profesional con el investigado».

En cuanto a la alusión del abogado de la acusación particular sobre una posible falsedad de los documentos recabados de la residencia, el juez instructor indica que tras la diligencia de cotejo a cargo de la letrada de la Administración de Justicia «es gratuita» y «carece de sustento». A renglón seguido el juez instructor señala que «evidentemente con los conocimientos que se tienen hoy en día e incluso con los que se tenían apenas un mes después, la reacción hubiera sido otra, tanto por parte de la administración, como de la dirección el centro».

Las familias no aceptan la fundamentación del juez y van a recurrir el auto.

«La situación originada en la residencia y el fallecimiento de casi la mitad de los residentes no se debe a un cúmulo de circunstancias como dice el juez en su auto», remarca el abogado Luis Miguel Polo Panadero, que ejerce la acusación particular en la causa. El letrado ha manifestado a La Tribuna que «no podemos aceptar la fundamentación que hace el juez» y «vamos a recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real».

Las familias «están destrozadas», no dan crédito. A su juicio, es una decisión «injusta, apresurada e incomprensible», remarca el letrado tras recalcar que hay muchas cosas que no se recogen en el auto. «Todos los testigos han dicho que el director de la Residencia Elder no cumplió los protocolos, hizo caso omiso de las recomendaciones, indicación y peticiones».

En varias reuniones interdisciplinares del centro se le solicitó que tomara medidas de prevención y protección frente al virus y la respuesta «fue de absoluto desinterés». Ignoró los consejos dados por el departamento de enfermería, reitera el letrado de la acusación particular, quien añade que «la resolución del juez pone en el mismo lugar a los que han cumplido los protocolos con los que no lo han hecho, como es el caso del director de  Elder».

El abogado insiste en que van a seguir 'peleando' en los tribunales «para que se sepa lo que ocurrió, que se investigue de principio a fin lo sucedido en la residencia; cómo gestionó el director la lucha contra la pandemia que se llevó a muchos mayores. Se lo debemos a ellos y no vamos a cejar en el empeño», subraya el letrado.

La Fiscalía también está personada y estudia si interpone o no un recurso contra el auto.