El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social quiere endurecer las leyes contra el consumo de alcohol, especialmente entre menores, y contra el tabaco, incluyendo a los famosos vapeadores. Así lo explicó la ministra en funciones, María Luisa Carcedo, que defiende medidas más restrictivas ante el aumento de forma «preocupante» de las llamadas drogas legales.

 La ministra declaró que en algunos casos, la ley antitabaco no se cumple con «precisión» en las terrazas de los bares, lo que puede ser perjudicial para los fumadores pasivos. También instó en la necesidad del «estricto cumplimiento» de la ley sobre el consumo de tabaco en las terrazas sobre todo en presencia de niños y animó a que se hiciera por «convicción propia» y no por el miedo a multas.

Sin embargo, desde la Asociación Provincial de Hosteleros de Ciudad Real, su gerente Cristina Miranda, en declaraciones a La Tribuna rechazó las declaraciones de la ministra argumentando que en la capital ya se cumple la normativa actual. «Los hosteleros la están acatando desde que entró en vigor. En las terrazas que estén techadas se puede fumar, siempre y cuando haya un máximo de dos paramentos verticales, en las demás la ley es clara».

Varapalo al sector. Una posible modificación de la Ley Antitabaco del 2010 puede suponer un «riesgo» para los empresarios. «Sería una mala noticia, no solo para los hosteleros que ofrecen esa posibilidad de que el cliente consuma y pueda fumar un cigarro en su terraza, si no también para los ayuntamientos, porque van a dejar de ingresar una cantidad muy importante en concepto de ocupación de vía pública por terrazas». En este punto, Miranda recordó que el metro cuadrado en Ciudad Real es «especialmente caro».

La gerente de la patronal de los hosteleros de la provincia recordó que el gobierno debería de ser «menos cínico», ya que si el tabaco es «malo para la población, se debería prohibir directamente su venta en España» y no lucrarse con «12.000 millones de euros anuales que es lo que le supone de ingreso al estado la venta de tabaco». Miranda recordó que se abre un tema «muy complicado porque una terraza no deja de ser un espacio público y si eso avanza en el aspecto de hostelería esa opción se desarrollaría en vía pública». Para los establecimientos hosteleros es «un peligro» y habla de «una merma de ingresos importante y para los ayuntamientos porque al empresario ya no le va a interesar poner esas terrazas».

En cuanto al consumo de alcohol en menores, Miranda explicó que el empresario hace «años que fue obligado por ley a controlar a quién le está vendiendo bebidas y cuando duda, pide el DNI». De esta manera criticó a los que «permiten y fomentan actividades como los botellones en todos los municipios de nuestra provincia». Además, recalcó que «ahí es donde la administración tiene que ser más dura porque esa es la vía de entrada al menor a un consumo desproporcionado de alcohol». Miranda explicó que para el empresario genera una «competencia desleal» y ofrece una «mala imagen de las ciudades, liberalizando el consumo de alcohol en menores que nadie está controlando».