La falta de Gobierno en el país y la repetición en el mes de noviembre de unas elecciones generales podría costar a más de 95.300 pensionistas de la provincia de Ciudad Real más de 9,6 millones de euros, la diferencia entre la revalorización de las pensiones en vigor en la actualidad, el 0,25 por ciento, y la que podría aprobarse mediante decreto para equipararlas al aumento del coste de la vida, que apunta en sus previsiones más conservadoras al entorno del 1 por ciento a final de año. Por este motivo, sindicatos y colectivos de protesta en torno al sistema de pensiones esperan los primeros acontecimientos de un mes de septiembre marcado en lo político por las negociaciones en el ámbito estatal entre PSOE y Podemos antes de aventurar un otoño ‘caliente’, con diferentes citas en la calle para pedir que, más allá de toda inestabilidad política, se garantice la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC, al menos mientras que las formaciones políticas que no alcanzan aún un acuerdo de gobierno desencallan la Comisión del Pacto de Toledo que debería alumbrar la reformulación del sistema en pos de su sostenibilidad.

La ausencia de un Ejecutivo nacional no sería un problema capital para los pensionistas en el corto plazo de no ser porque en el año 2013 se cambiaron las reglas del juego. La llegada de la crisis hizo que el fondo de garantía se secara y el sistema caminase hacia los números rojos, momento en el cual el Gobierno del Partido Popular sacó de la normativa la revalorización de las pagas conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) para poner un suelo del 0,25 por ciento que fue un alivio efímero en los tiempos de deflación, cuando el IPC cerraba en negativo, pero se ha convertido en una subida pírrica con la vuelta de la inflación, la subida del coste de la vida. El pasado año, un decreto equiparó las pensiones al IPC, pero su caducidad coincidía con su entrada en vigor porque se restringía al año 2019, y en la Comisión del Pacto de Toledo esa equiparación se puso sobre la mesa como recomendación, no como norma a aplicar de manera inmediata. Ahora, con la formación de Gobierno encallada y un Ejecutivo en funciones sin capacidad para aplicar de nuevo esa revalorización, la subida garantizada es del 0,25 por ciento. Cuatro veces por debajo de las previsiones más conservadoras del IPC.

En cifras, los pensionistas provinciales se arriesgan a perder más de 9,6 millones de euros en lo que a poder adquisitivo se refiere. Partiendo de las cifras actuales del sistema de pensiones que recoge la Seguridad Social, en Ciudad Real hay en vigor 99.289 pagas contributivas, con un ingreso medio de 923,72 euros cada una. Si a esa cifra se le aplica el 0,25 por ciento que por el momento está en vigor para el año 2019, cada pensionista provincial cobrará el año próximo 2,30 euros más al mes de pensión (14 pagas), lo que significa que el Estado desembolsaría cada mes 228.364,7 euros más que en la actualidad, 3,19 millones de euros en el conjunto del año. Si las pensiones se equipararan a la subida del IPC y se toma como referencia la previsión más conservadora (que se sitúa en el entorno del 1 por ciento a final de año), la subida sería de 9,23 euros al mes por pensión, o lo que es lo mismo, 916.437,47 euros al mes en la provincia, 12,83 millones de euros en el conjunto del año. Es decir, que si no hay un decreto que fije la subida de las pensiones conforme al IPC, los beneficiarios ciudadrealeños perderán más de 9,63 millones de euros de poder adquisitivo. Eso costaría a sus bolsillos el bloqueo en la formación de Gobierno.

Puede ser más caro. A medida que el año avanza, las previsiones del IPC se van afinando, y ya hay voces y organismos económicos que lo sitúan en el entorno del 1,4 por ciento e incluso, las menos, en el 2 por ciento. En el primer caso, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas provinciales sería de 14,77 millones de euros, y en el segundo, menos probable, superaría los 22,47 millones de euros. Por eso, la mirada de los pensionistas está puesta en las negociaciones para la formación de Gobierno que PSOE y Podemos retomarán en el mes de septiembre, antes de que el escenario aboque al país a unos nuevos comicios generales.

Otoño ‘caliente’. Augusto Serrano, responsable de la coordinadora provincial en defensa de las pensiones, reconoce la inquietud que la situación política actual genera en el colectivo. «La espada de Damocles y ese 0,25 por ciento, que sería escaso, sigue ahí», aseguró, al tiempo que anunció que su coordinadora, y las del resto del país, seguirán adelante con el calendario de movilizaciones, preparando una general en Madrid para el 16 de octubre. «Queremos lograr un compromiso para garantizar mediante un decreto la subida de las pensiones conforme al IPC en 2020, y creemos que los sindicatos también están por la labor de la movilización», finalizó.