El borrador de la nueva estadística del Imserso -fruto del compromiso de transparencia integrado en el Pacto de Estado por la Dependencia- presenta datos de alto interés para evaluar la marcha del sistema y analizar posibles mejoras. Una de las novedades, cita la Asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales, es la incorporación del dato de los tiempos medios de tramitación de los expedientes (expresados en días), desvelando lo que el Observatorio de la citada asociación viene indicando con insistencia desde hace años.
Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días) y solo hay cuatro territorios por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: las ciudades autónomas de Ceuta (70 días) y Melilla (170), el País Vasco (137 días), Navarra (155) y Castilla y León (191 días). En el otro extremo estarían Canarias (785 días), Extremadura (675), Andalucía (621) y Cataluña (576).
Castilla-La Mancha no sale mal parada de este recuento; aún así la media de días desde la solicitud del expediente de dependencia hasta su resolución de presentación es de 292, es decir, casi 10 meses. La media nacional supera los 14 meses.
Estos datos explican, dicen desde la Asociación, que, a pesar del incremento paulatino del número de atendidos de los dos últimos años, el ritmo es claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones. En 2019 (hasta el mes de noviembre) se ha incrementado el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y en espera de atención mediante servicios o prestaciones hasta llegar a las 423.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de las cuales son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).
Los motivos de estos «impresentables» retrasos, después de trece años de implantación de la Ley, son múltiples pero se debe apuntar a dos fundamentales: los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron «gravísimamente» a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias «a la simple pero execrable» vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones; y el «disparatado y proceloso» entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en «una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios.