Piden sentenciar con perspectiva de género

Pilar Muñoz
-
La psicóloga y la trabajadora social del Instituto de Medicina Legal aseveraron que el acusado, en el banquillo, aisló, sometió y maltrató a la víctima. - Foto: Pablo Lorente

Las acusaciones mantienen la petición de penas de entre 18 y 26 años de cárcel tras remarcar que el caso enjuiciado en la Audiencia es de los más graves de violencia machista en la provincia

El testimonio de la joven que ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial a su expareja por maltrato habitual, lesiones e inducción al aborto es una «prueba directa de cargo» que con la indiciaria destruye la presunción de inocencia. Así lo considera el fiscal delegado de Violencia de Género, Jesús Gil, que mantuvo en la tercera y última sesión del juicio la petición de 18 años de cárcel para el acusado José Manuel M.C. N.A. al estimar probado los hechos denunciados en agosto de 2012: un maltrato habitual, crónico y progresivo con dos agresiones con lesiones y un aborto inducido en 14 meses de convivencia en Pozuelo y Torralba de Calatrava
Para el fiscal delegado de violencia de género, los psiquiatras y psicólogos especialistas en violencia machista que han intervenido en el proceso judicial, es el caso más grave de violencia machista denunciado en Ciudad Real sin llegar al homicidio o asesinato.
El letrado Tomás Fernández-Arrojo, que ejerce la acusación particular, también mantuvo su petición de condena que eleva a 26 años de prisión y demandó al Tribunal que sentencie al procesado con perspectiva de género.
La abogada Cristina Marín que defiende al encausado por el Turno de Oficio, discrepa y en su alegato final trató de refutar los argumentos de las acusaciones tras defender la inocencia de su cliente y poner en duda el espeluznante relato de hechos de la víctima.
La letrada, que mantuvo la petición de absolución con todos los pronunciamientos favorables, expresó su «sorpresa» por la magnitud que, según la jurista, han ido adquiriendo los hechos habida cuenta de que sostiene que inicialmente se denunció ante el Juzgado «un delito básico de malos tratos» y «hasta ahora no hemos oído a la víctima acusaciones tan gravísimas». La letrada cimentó su defensa en la declaración de los médicos y personal de la clínica donde se le practicó el aborto a la víctima, quienes aseveraron que de haber observado que estaba contra su voluntad, coaccionada, habrían parado el procedimiento de inmediato.
Sin embargo, el fiscal respondió en su informe final a todas las cuestiones que la defensa puso en tela de juicio.
En su discurso, Jesús Gil destacó el relato «coherente y contundente» de la víctima sin motivos espurios desgranando los parámetros sobre la verosimilitud del relato. «No es una declaración aprendida» y muestra de ello es que la narración no es siempre la misma, se va enriqueciendo conforme la víctima va recordando hechos terribles que trató de olvidar por supervivencia.
Los informes de los psiquiatras, médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales «no dejan lugar a dudas», remarcó el fiscal tras considerar probado que el acusado cometió un acto extremo de sometimiento al inducir a la víctima a abortar. «La víctima fue constreñida a hacer algo contra su voluntad», remarcó respecto al delito de inducción al aborto, que es «contra la libertad del feto en formación y también de la víctima al ser inducida a abortar».
La víctima silenció un maltrato habitual, crónico y progresivo hasta que se rompió y pudo verbalizar en el Instituto de la Mujer el sentimiento ahogado, remarcó el fiscal tras aludir a los dos partes de lesiones, que el acusado ha tratado de enmascarar obligando a la víctima a decir que se había golpeado una vez con un columpio y otra por una caída. En su informe final, el fiscal no pasó por alto los dos ingresos de la víctima en la unidad de salud mental, una vez por pensamiento de suicidio ante el sentimiento de culpa que se apoderó de ella tras el aborto. Llegado a este punto, restó importancia a que la víctima se equivocara respecto al día, hecho que aprovechó la defensa en descargo de su cliente.
La mujer estaba completamente «sometida, dominada, anulada» como han coincidido los peritos. La psicóloga y la trabajadora social del equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal fueron claras y contundentes en la exposición de sus informes: el procesado «la aisló y sometió» hasta el punto de generar en la víctima un tremendo sentimiento de culpa y miedo al rechazo social.
El abogado Tomás Fernández-Arroyo apuntaló algunas cuestiones tras adherirse al informe del fiscal. El letrado mantuvo la petición de 26 años de cárcel para el acusado por «unos hechos muy graves que le han dejado importantes secuelas psíquicas».
Fernández-Arroyo también aludió a la testigo de la defensa, una mujer que subió ayer al estrado para cuestionar a la víctima en el sentido de que la relación de ésta con el procesado era temporal. «No es así. Estaban empadronados en Pozuelo, abrieron una cuenta de ahorros ... Hay datos inequívocos de que el acusado y la víctima eran pareja», subrayó el letrado de la acusación particular.
Se da la circunstancia de que el encausado está en prisión tras ser condenado en 2017 por abusar de la hija menor de otra pareja.

 

«Soy inocente, me ha hecho pasar un calvario»
El acusado en el derecho a decir la última palabra en el juicio volvió a proclamar su inocencia, a negar el maltrato habitual, las lesiones e inducir a su entonces pareja a abortar. José Manuel M.C.N.A. puso en tela de juicio la declaración de su expareja y dijo que sí le tenía tanto miedo por qué cuando fue a recoger sus cosas a su casa con su madre y su hermana decidió pasar sola a la vivienda donde él se encontraba. «Pasó sola  porque quería que continuáramos con la relación y yo no quería. No la he molestado ni me he saltado orden de alejamiento alguna tras la denuncia porque para mí ha sido un calvario psicológico el año y medio que estuve con ella por su adicción a las drogas y a otras cosas que no he querido decir por respeto a ella y a su familia. Soy inocente de todo lo que me acusa», aseguró el procesado.
 El letrado de la acusación particular considera que el acusado «ha seguido en su línea de ofensa para que la víctima quede como mala persona. Me parece vergonzoso».

 

El fiscal de violencia de género insta a denunciar
El fiscal delegado de Violencia de Género en la provincia y en el resto de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Jesús Gil, considera probados los delitos que se le imputan. Al finalizar el juicio que ha tenido lugar en la Audiencia Provincia de Ciudad Real el fiscal confesó que como delegado de Violencia de Género le ha impresionado el testimonio de la víctima, uno de los más grave en cuanto a maltrato físico sin llegar al homicidio o asesinato, aseguró el fiscal especialista que ha ejercido la acusación en otros casos muy graves en los que la víctima a acabo asesinada o con lesiones gravísimas. Por ello, Jesús Gil insta a las mujeres víctimas de la violencia machista a denunciar ante el primer episodio de malos tratos. «Muchas mujeres callan en silencio esa situación y hasta que no lo comunican a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no se puede hacer nada por ellas». Precisamente para evitar hechos tan dramáticos como los vividos por la víctima  que ha tenido que soportar casi un año de una «violencia extrema» hay que denunciar.