El Pleno ratifica la modificación de los estatutos del SCIS

A. Criado
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El Pleno de la Diputación ha ratificado, con los votos en contra del Grupo Popular, la modificación de los estatutos del Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento (SCIS) de la provincia y la cuenta general correspondiente a 2018

El Pleno ratifica la modificación de los estatutos del SCIS

El Pleno de la Corporación provincial aprobó este viernes la modificación de los estatutos del Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) con el voto en contra de los diputados del Partido Popular, que solicitaron aplazar este punto del orden del día para constituir una mesa de negociación con todos los ayuntamientos afectados para intentar alcanzar un acuerdo global sobre esta necesaria adaptación estatutaria a la legislación vigente. Así lo defendió durante su intervención el popular Carlos Martín de la Leona, que hizo hincapié en que la modificación estatutaria del SCIS «debe referirse a toda la ley y no sólo a una parte», la que se refiere, en este caso, a la reducción del número de miembros de la asamblea, que pasará de 30 a 12 y donde el PP contará con dos representantes, entre ellos un vicepresidente, frente a los diez del PSOE. También demandó la creación de un órgano de participación de todos los ayuntamientos. El presidente del Consorcio, el socialista Julián Nieva, afirmó que  el Pleno de la Diputación, con esta medida, «da cumplimiento a una ley que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013» y que ya recibió con anterioridad el visto bueno de ambos grupos políticos. «A falta de argumentos reales generan dudas», enfatizó el también alcalde de Manzanares para recordar que «el PP sólo tiene el 8% de la representación en el SCIS y con los diputados asignados en la nueva asamblea su cuota de representación supera el 16%. Apuntó, por último, que existe «voluntad política» de crear un órgano de participación de los ayuntamientos.
Otro de los asuntos que generó más debate fue la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2018, a pesar de que ambos grupos políticos reconocieron que era «un documento técnico». El Grupo Popular afeó al equipo de Gobierno «falta de previsión» para adaptarse a la legalidad, lo que provocó «un colapso en la administración», sobre todo en la tramitación de facturas, por «falta de personal». «El equipo de Gobierno tiene que cumplir con la legalidad vigente y dar ejemplo al resto de administraciones locales», señaló el viceportavoz del PP, Adrián Fernández. La interventora de la Diputación de Ciudad Real tomó la palabra para explicar que los hechos relatados en su informe se produjeron de forma «puntual» durante el último trimestre de 2018 como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público y el Reglamento de Control Interno de las Entidades Locales. «Provocó un colapso que ya está casi encauzado», enfatizó. El portavoz del equipo de Gobierno, Gonzalo Redondo, hizo suyas las palabras de la interventora y agregó que «se han tomado medidas para que esta situación no vuelva a suceder y que todo fluya con más agilidad y eficiencia». En el plano político resaltó que la Diputación de Ciudad Real es «una de las instituciones más saneadas de España, gracias a los trabajadores de la casa y a algo de mérito del que lleva el timón del barco». Cerró este punto el presidente de la Institución provincial, José Manuel Caballero, que se mostró «muy orgulloso» de la gestión económica de la Diputación de Ciudad Real, «un instrumento eficaz para atender las necesidades de los pueblos de esta provincia». Recordó que «el 99,9% de las actuaciones políticas de 2018 fueron aprobadas por unanimidad en el Pleno», por lo que calificó de «muy incoherente» el voto en contra ahora a la cuenta general del ejercicio «en el que más se ha invertido en empleo, obra pública y ayuntamientos en la historia de la Diputación». El Pleno también aprobó, en esta ocasión por unanimidad, una serie de subvenciones nominativas para ayuntamientos por valor de 442.000 euros. Serán siete los municipios que se beneficiarán de este apoyo económico para la realización de actuaciones que tienen que ver con la mejora y el acondicionamiento de espacios y edificios públicos, equipamiento y mobiliario, sustitución de alumbrado, pavimentación y rehabilitación de espacios deportivos, entre otras actuaciones. Cabe destacar, por último, la autorización de la Corporación para crear una plaza en la plantilla funcionarial de técnico superior de Protección de Datos.