La nueva Ley de Memoria Democrática que el Consejo de Ministros aprobará mañana supone la culminación de los compromisos que el líder socialista, Pedro Sánchez, adquirió cuando llegó a La Moncloa para reparar y reconocer a las víctimas del franquismo y acabar con cualquier exaltación de la dictadura. Su Gobierno, entonces todavía monocolor, logró cumplir al final de la pasada legislatura su promesa de exhumar los restos de Franco del Valle de Los Caídos como primer paso hacia la resignificación de un mausoleo marcado por el recuerdo al dictador, pero todavía quedaban muchas «asignaturas pendientes» que ahora se quieren cerrar.

Porque si la aprobación en 2007 de la llamada Ley de Memoria Histórica, bajo el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, supuso un hito para impulsar medidas en favor del derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, su desarrollo fue frenado por los posteriores Gabinetes del PP.

Quiere ahora el Gobierno encabezado por Sánchez actualizar aquella norma, que además se ha completado con abundante legislación autonómica, mediante una nueva ley de Memoria Democrática cuyas líneas maestras ya ha ido anticipando la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. En su opinión, se trata de abordar esta materia como una auténtica «política de Estado».

El propio líder socialista confirmó la pasada semana en el Congreso que la nueva normativa permitirá «prohibir e ilegalizar fundaciones que defienden la dictadura franquista», y expresamente citó la Fundación Francisco Franco. Pero este es solo uno de los muchos aspectos a los que se pretende dar nueva regulación.

Sus principales postulados ya estaban apuntados en una proposición de ley presentada por el grupo socialista en el Congreso al comienzo de esta legislatura y que fue retirada para dar prioridad al proyecto de ley cuya confección ha sido encomendada a Carmen Calvo.

Así, se quiere reforzar la cobertura legal para la búsqueda de personas desaparecidas y la exhumación de fosas, con la creación de un banco nacional de ADN al que los familiares de víctimas del franquismo podrán aportar muestras para facilitar la identificación de restos.

Del mismo modo, la normativa quiere habilitar la creación de un Censo Nacional de Víctimas que permita recabar información sobre todos los fusilados, represaliados y exiliados durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. 

La resignificación del Valle de los Caídos se aborda igualmente con las previsiones necesarias para renovar su estatus jurídico y las condiciones en que allí descansan los restos de al menos 33.000 combatientes de ambos bandos.

Otro importante aspecto en el que incidirá la nueva ley es la prohibición de asociaciones y fundaciones que hagan apología del franquismo porque «públicamente inciten, directa o indirectamente, al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su condición de tales», tal y como explicó el Gobierno.

Anulación de sentencias

Para avanzar en el proceso de reparación de las víctimas del franquismo se aprobarán nuevos instrumentos de reconocimiento y para ello se establecerá la «nulidad» de las condenas dictadas durante la dictadura por motivos políticos, de ideología o creencias, un paso más allá de su «ilegitimidad», ya establecida en la ley de 2007.

En los últimos años ha sido recurrente la polémica por las medallas que conservaba el policía franquista Antonio González Pacheco, Billy el Niño, acusado de torturas y delitos de lesa humanidad, ya que la legislación no permite que le sean retiradas, ni siquiera tras su fallecimiento, ocurrido en mayo pasado.

El Ejecutivo quiere dar respuesta a la demanda de las asociaciones de víctimas y partidos de izquierda que llevan años exigiendo la desposesión de este tipo de honores, de modo que se abrirá el cauce legal para dejar sin efecto condecoraciones como las de Billy el Niño.

La normativa impulsada por Zapatero carecía de régimen sancionador aplicable al incumplimiento de sus disposiciones, algo que va a incluir la nueva ley, con un catálogo de infracciones que prevé las multas aplicables según su gravedad.