La población reclusa ha aumentado ligeramente en el último año al igual que los trabajos en beneficio de la comunidad, donde se aprecia un incremento del 6,4 por ciento en lo relativo al total de asuntos registrados, 859 en 2017 y 914 en 2018, un aumento porcentual que se dispara hasta un 38 por ciento si la comparativa se hace sobre los expedientes resueltos, que fueron 689 en 2017 y 951 el año pasado.

El magistrado titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla-La Mancha, Antonio Moreno de la Santa Limia, explica que los trabajos en beneficio de la comunidad son para delitos considerados menores como por ejemplo contra la seguridad del tráfico. A veces también son sustitutivos de medidas de prisión, de multa. Es decir, pueden ser como pena principal o sustitutiva.

Junto a este epígrafe de trabajos en beneficio de la comunidad, el otro más voluminoso por el número de asuntos a resolver por parte del juez de Vigilancia Penitenciaria es el de otras quejas o peticiones, apartado que recoge todas aquellas cuestiones de difícil catalogación en un capítulo determinado y que acumuló el año pasado 247 entradas, un 25,6 por ciento menos que las contabilizadas en 2017.

La comparativa entre ambos ejercicios indica también un notable descenso de los recursos registrados sobre las calificaciones de grado, que descendieron un 19,35 por ciento de un año a otro, de 155 a 125, y contra las sanciones disciplinarias, que se redujeron en un 17,2 por ciento al pasar de 122 a 101. En ambos apartados el número de expedientes resueltos es muy similar entre un año y otro, 108 y 117 respectivamente en lo que afecta a las sanciones y 150 y 147 en lo que respecta a las clasificaciones de grado. A una cuarta parte de los reclusos que recurren se les modifica el castigo o incluso se les puede quitar.

En el capítulo de sanciones, la mayoría están relacionadas con peleas entre los internos o por ser sorprendidos con drogas, con un pincho ... Si son hechos de gravedad, se les puede regresar de grado, pero sobre todo las sanciones afectan a la hora de los permisos, se quedan sin ellos. No obstante, desde que se han puesto cámaras de seguridad en las prisiones ya no recurren tanto las sanciones porque el visionado les delata. Antes, tras una pelea como no se sabía bien lo que había pasado, quién la había iniciado y demás era más complejo resolver el asunto de las sanciones, ahora se ve claramente con las cámaras, subraya el magistrado.

Permisos. En cuanto a los expedientes registrados sobre los permisos de salida, prácticamente son los mismos en ambos ejercicios, 1.178 y 1.176. En cambio en 2017 se resolvieron 1.162 y en 2018 se tramitaron 1.244, un 7 por ciento más.  Por regla general, los presos que han cumplido la cuarta parte de la pena pueden disfrutar de 36 días al año de permisos de salida. Los que están en tercer grado tienen todos los fines de semana.

Los permisos extraordinarios son cuando concurre una circunstancia extraordinaria. La propia ley establece la concesión de un permiso extraordinario por el nacimiento de un hijo, el fallecimiento de un familiar allegado y últimamente se amplió por la boda de un hijo o de una hija. En este terreno se plantea un problema respecto a la seguridad, indica el juez, para, a renglón seguido añadir, que hay quien pide vestirse en el domicilio y la Guardia Civil no puede acceder a esta petición por razones de seguridad, están bajo su custodia y si aprovechan para fugarse el problema es para los agentes.