El Gobierno y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) acordaron ayer que la cotización de las prácticas externas universitarias no sea obligatoria antes del próximo curso académico 2019-2020. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha coordinado e impulsado una reunión celebrada este miércoles con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la CRUE sobre la aplicación de la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En la reunión de este miércoles, según informa el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, además de este acuerdo «se han expuesto los argumentos del Gobierno y de las universidades, y CRUE ha compartido con el Gobierno el espíritu de la norma y los aspectos de la citada disposición que deben ser objeto de regulación», y que tiene un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha expuesto la intención del Gobierno de «construir los mejores acuerdos sobre esta cuestión con el objetivo único de favorecer la actividad académica de universidades y estudiantes», asegura. «Es decir, que las primeras no soporten gastos añadidos y los segundos ganen en derechos de protección social», ha añadido. En la reunión también se ha emplazado al diálogo con otros sectores de la comunidad educativa, así como a estudiar, en una próxima reunión dentro de dos semanas, un informe de CRUE sobre prácticas académicas.
Representando a CRUE ha participado el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, como el responsable de Asuntos Estudiantiles.
Por su parte, la CRUE ha agradecido «la decisión del Gobierno de abrir un diálogo para el desarrollo de la nueva normativa» y ha valorado «muy positivamente su predisposición a que las universidades no soporten gastos añadidos por su aplicación».
Desde La Tribuna de Ciudad Real ayer informábamos sobre la disposición de la UCLM a asumir el coste del alta en la Seguridad Social para evitar que hubiera una disminución de las prácticas.