Como en todo hay excepciones, pero la regla general, en mi país al menos, es el peligroso alejamiento de la ciudadanía y la consiguiente vulneración de derechos, que se está produciendo por la implementación abrupta de la administración electrónica. Abrupta porque tras dos siglos de tratamiento, no siempre bueno, pero directo, de los administrados por los empleados públicos, solo llevamos dos décadas en el proceso de adaptación sin haber conseguido la alfabetización digital de la población, y la llegada del COVID (excusa para absolutamente todas las tropelías, camufladas cada vez más torpemente en 'nuestra protección') ha precipitado la atención exclusiva a través de la red.
El que se reconozca un analfabeto digital que no se preocupe que no es culpa suya: da lo mismo el grado de formación que tengas que, como sucede con las páginas de nuestras queridas empresas de telefonía y suministros, la administración te tiene reservada toda una yincana de pantallitas, aceptaciones de responsabilidad, declaraciones de veracidad, certificados y firmas digitales y madres que parieron a informáticos y asesores jurídicos que las diseñaron para cubrir el desastre paulatino en el que las administraciones públicas se han convertido en la parte de la atención ciudadana.
Si no funcionan las cosas bien o con lógica, la culpa es tuya, y ni siquiera te responde una persona sino un mensaje de error, una máquina o simplemente el vacío. Como siempre, los colectivos más desfavorecidos por razón de edad, capacidad o equipamiento informático por ausencia de recursos, son los que más acusan este retroceso en el tratamiento del administrado, el más agudo y sangrante en los cuarenta y cinco años de democracia.
Y es que nos atienden por el ordenador por dos causas, a veces concurrentes y otras veces aisladas: una porque los funcionarios van desapareciendo con las jubilaciones y no se reponen (igual que sucede en las empresas), dos, porque cuando hay muchos están mal dirigidos, llegando incluso a solucionar ese problema contratando servicios externos.
Mienten miserablemente muchas administraciones cuando te dicen que siguen atendiéndote por teléfono (que no te descuelgan), o personalmente (siempre que te permitan acceder a la obtención de cita en persona, y no te la exijan por el teléfono que no atienden o por el ordenador, que te ha mareado previamente y por eso pides la cita presencial).
Como en todo, insisto, hay excepciones accesibles y claras (página de Agencia Estatal de la Administración Tributaria), pero cada vez abundan más los sitios web absurdos y desesperantes en su estructura y funcionamiento, imposible de afrontar por gran parte de la población mayor o desfavorecida, que merecerían la declaración de 'sitio web Renfe', que es, por encima de todo, el peor servicio público en internet a nivel mundial que se conoce (seguridad social, página de salud exterior del gobierno de España, ANECA, y ustedes pueden añadir diez mil más…). La gente tiene derecho a ser atendida por trabajadores públicos, sin mediación de máquinas, hasta que todo el mundo sepa y tenga cómo hacerlo desde casa en páginas solventes y contrastadas en su funcionamiento.