Hasta 35.433 ciudadrealeños trabajan al servicio de una administración pública. Esa es la cifra que este lunes puso sobre la mesa el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a fecha de enero de 2019 y que actualiza ahora. Se trata, echando la vista atrás, de la cifra más alta de empleados públicos que hay en la provincia desde el verano del año 2010, después de que se tocara suelo en el verano de 2017, cuando se bajó por primera vez de la barrera de los 30.000 trabajadores que dependían de un organismo público, ya fuera del Estado, de la Junta de Comunidades o de las entidades locales.

Los ayuntamientos son los que más tienen que ver con este nuevo récord del empleo público. Según las cifras que confecciona Moncloa, ayuntamientos y otras entidades locales y sus organismos autónomos, además de la Diputación alcanzan ahora las cifras más altas de contratación, con más de 11.000, cifra que se supera por primera vez en la provincia desde el año 2011. Un vaivén en las cifras del Ministerio considerable y más si se tiene en cuenta que seis meses antes, en verano de 2018, había 3.000 personas menos que realizaban su trabajo para una administración local en la provincia, «con ofertas de empleo que se concentran según los intereses», aseguran desde el sindicato CSIF, mayoritario en la provincia en empleo público

Apenas cambios representativos se registraron dentro del contingente de trabajadores que depende de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: en un semestre apenas han ganado 30 profesionales en la provincia, aunque en comparación con el verano de 2017 hay más de 3.000 empleados más dentro de este colectivo de empleados públicos que se verán incluso aumentados tras la celebración este pasado fin de semana de las oposiciones de docentes para cubrir las 1.050 plazas de empleo público convocadas por el Gobierno regional y a las que optaron unas 9.000 personas.

El que sigue sin levantar cabeza es el personal que depende de la Administración General del Estado, que sigue adelgazando su presencia en la provincia, con su segunda cifra más baja en casi una década, apenas 3.863 trabajadores. El ‘patito feo’ en la provincia como recuerdan desde el sindicato CSIF, donde hablan de una situación «deficitaria» para atender los servicios que prestan en Ciudad Real y donde alertan también de la elevada edad media de los funcionarios en activo: 56 años, con jubilaciones a la vuelta de la esquina. El responsable de Administración General del Estado dentro del sindicato, Leopoldo Felipe, subraya el problema de las vacantes que se quedan sin cubrir y de los nombramientos de «muchísimos asesores que solo conocen los partidos políticos y que realizan trabajos que podrían hacer funcionarios», expresa Felipe.

Este descenso de empleados públicos del Estado es uno de los motivos por los que la semana pasada se convocaban 8.102 plazas en la Administración General, que dará lugar a unos procesos selectivos «sin precedentes» que concentrarán aproximadamente a 200.000 aspirantes, destacan fuentes del Gobierno. «También es la primera medida que se adopta, tras realizarse por primera vez este año una metodología plurianual para optimizar la Oferta de Empleo Público y afrontar el envejecimiento de las plantillas, con una media de edad hoy de 52 años en la Administración General del Estado y con unas previsiones de jubilación de la mitad de los empleados públicos (casi 70.000) en diez años», justifica la Administración central para tratar de explicar unas cifras que no son únicas de Ciudad Real y que se trasladan a una buena parte de las provincias de España.

Otro problema que afecta a este empleo es la temporalidad. A finales de marzo, la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo alcanzaba un acuerdo que firmaban administración y sindicatos en materia de empleo público que supone un avance en el cumplimiento de los objetivos que se establecieron en el acuerdo del 9 de marzo de 2018 para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo. El objetivo es rebajar una temporalidad que, a día de hoy, «se nos va de las manos», según Felipe, para meterla en cintura y rebajarla a cifras de un ocho por ciento a través de un proceso de consolidación de los profesionales interinos mediante un concurso oposición y la recolocación de efectivos fijos por toda España.

El número de profesionales que dependen del Estado en la provincia son, sin embargo, más del doble de los empleados por la Universidad de Castilla-La Mancha en la provincia, 1.345 personas, la segunda cifra más alta desde enero de 2010.

Tanto los trabajadores públicos que trabajan en las administraciones autonómicas como las locales y con la excepción del empleo que depende del Estado, donde se engloban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o el Ejército, actividades tradicionalmente masculinizadas, y la universidad, el empleo público en la provincia de Ciudad Real tiene cara de mujer. Ellas son mayoría entre los algo más de 35.000 personas que desarrollan su trabajo en alguna administración pública, donde hay 20.022 mujeres y 15.411 hombres. De hecho, eso es lo habitual en España ya que solo en Cádiz, Ceuta y Melilla se da el caso inverso en el que hay más empleados que empleadas públicas.

En el ámbito provincial, por cada mujer hay casi tres hombres en la Administración General del Estado, el doble de mujeres que hombres trabajando para la Junta y en el empleo que depende de las administraciones locales la proporción roza la paridad, aunque las mujeres son algo más que los hombres, como pasa también en la UCLM, pero a favor de ellos y en detrimento de ellas.

Seguridad y sanidad. Dentro del boletín semestral que analiza el número de empleados públicos que hay en la provincia de Ciudad Real, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública pone cifras también a la función que realiza cada empleado dentro de la administración estatal y autonómica. En la primera hay, sobre todo, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde están englobados hasta el 40% de los empleados que dependen de Madrid.

En cuanto a los que dependen de Toledo, el principal grupo corresponde al personal sanitario, casi 9.000 ciudadrealeños y, sobre todo, ciudadrealeña. Algo que también ocurre con la docencia no universitaria, en manos de más mujeres que hombres, casi el doble también.