Son ya muchos los años en los que se vienen produciendo ataques de buitres al ganado en prácticamente toda España. La crisis de las vacas locas, hace ya dos décadas largas, provocó que se prohibiera dejar en el campo los cadáveres de animales que morían en explotaciones ganaderas y que daban de comer a, entre otras muchas especies, aves necrófagas como los buitres, que a la sazón habían recuperado sus maltrechas poblaciones durante los lustros anteriores. Así pues, ante la ausencia de despojos no les quedó más remedio que plantearse atacar a animales vivos para no morir de hambre. Pero los animales silvestres son huidizos, mientras que el ganado se expone más, por lo que sus objetivos fueron mayoritariamente animales domésticos.

Esos animales domésticos tienen dueños que viven de criarlos y, al ser los buitres una especie protegida por la ley, lo lógico sería que fuera la Administración la que se hiciera cargo de los perjuicios que pudieran causar. Pero el problema está en que en España las competencias en medio ambiente están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que cada región puede tener, y tiene, su criterio.

Lo cierto es que en Castilla-La Mancha los ganaderos en extensivo pueden solicitar ayudas para paliar los daños causados por buitres en sus cabañas desde el pasado 1 de enero, adelantándose a las fechas de otros años para disminuir los tiempos de respuesta en la tramitación de los expedientes. Por su parte, La Rioja convocó este tipo de ayudas en una orden del 5 de junio del año pasado.

Sin embargo, en Castilla y León, el Procurador del Común se dirigía hace poco más de un mes a la Consejería de Fomento de esta región para que imitara a las otras dos comunidades autónomas y regulara unas hasta el momento inexistentes ayudas compensatorias por los daños de buitres al ganado, evitando así diferencias de trato a los ganaderos según su lugar de trabajo.