El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Campo de Criptana lamenta que en el Pleno Extraordinario celebrado hoy, el alcalde socialista Santiago Lázaro y la Teniente de Alcalde y Portavoz, Virginia Pintor se hayan negado a dar explicaciones a la Corporación y a los vecinos de por qué están siendo investigados por un presunto delito de estafa procesal y falsedad documental. El Grupo Municipal Popular pidió la celebración de un pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana a las 8.30 horas, y en el que el alcalde Santiago Lázaro y la teniente de alcalde y portavoz, Virginia Pintor, "se han negado a responder a las preguntas de los populares de por qué están siendo investigados por un juez, en qué consiste el presunto delito de estafa procesal por el que se les investiga y a qué hace referencia el supuesto delito de falsedad documental" pero en lugar de responder, lamentan los populares, "han eludido el tema afirmando que darán las respuestas cuando ellos lo crean oportuno, pero nunca en un Pleno". 

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Campo de Criptana, Manuel Sepúlveda, ha querido dejar muy claro, que " nosotros solo cumplimos con nuestra obligación como oposición, ni acusamos ni juzgamos, pero exigimos al alcalde y su portavoz que hagan uso de su responsabilidad y ante la gravedad de los hechos, den explicaciones a los vecinos de Campo de Criptana y a la Corporación de por qué les ha citado un juez y qué es la documentación que han presentado cuando un juez estima que es falsa".

Y es que como explicaron en rueda de prensa el concejal popular, Manuel Sepúlveda, y el presidente del PP en Campo de Criptana, Luis María Lorenzo, el pasado 30 de noviembre, el Grupo Popular solicitó la celebración de un Pleno Extraordinario para que el alcalde y la portavoz dieran las explicaciones oportunas ante la gravedad de los hechos por los que se les investiga judicialmente. Estos hechos tienen que ver, según el Partido Popular, con la demanda que un trabajador del Ayuntamiento de Campo de Criptana interpuso en 2019 por despido improcedente, que fue admitida a trámite. Al parecer, el Ayuntamiento, y según informaron los populares en una nota de prensa, ha obligado a reconocer al trabajador en su condición de fijo discontinuo y volver a realizar su contratación en los mismos términos que antes del despido,  contratos y nóminas de 2019, que como ha subrayado el edil popular Manuel Sepúlveda, y anteriores a la denuncia, están firmados por el alcalde actual Santiago Lázaro. Pero "el Ayuntamiento, en lugar de contratar al trabajador en las especialidades es la que había sido contratado anteriormente no lo hizo, lo que trajo consigo otra denuncia por parte del trabajador, y en este último proceso judicial, se requirió documentación del trabajador, y de repente nos encontramos con una denuncia penal contra el alcalde y la teniente de alcalde, y lo que es peor, la admisión de esa querella",  ha señalado Sepúlveda.