La Fiscalía Provincial de Ciudad Real no ha recibido denuncia alguna por absentismo escolar, hecho que pone de manifiesto que las advertencias realizadas desde la administración han surtido efecto y los padres y madres han tenido en cuenta las consecuencias legales que les podría acarrear no llevar a sus hijos al colegio por temor a contagios. «No ha habido denuncias ni siquiera han llegado a la Fiscalía incidencias desde el inicio de este curso escolar», asegura en declaraciones a La Tribuna la fiscal delegada de Menores, Carmen López de la Torre.

Sin embargo, en enero y febrero de este año se registraron en la Fiscalía Provincial de Ciudad Real más de una veintena de denuncias por absentismo escolar, pero sólo han prosperado dos por incumplimiento de las obligaciones paternofiliales relativas al derecho de los hijos a recibir educación.

En este sentido, el jefe de la Fiscalía, Luis Huete, indica que se han abierto unas diligencias de investigación que están en manos de las fiscales de Menores. Explica que las denuncias pueden tener un contenido penal o no. Este año se han formulado varios escritos de acusación contra padres al entender la Fiscalía que no han cumplido con la función de velar por los hijos y educarlos. «No se han preocupado de llevarlos al colegio y se ha formulado escrito de acusación», señala el fiscal jefe tras subrayar que la Fiscalía actúa contra el absentismo escolar que no tiene una justificación clara, cuando existe dejadez y desatención de los padres, ya que constituye un delito de abandono de familia.

En los dos primeros meses del año, de las más de veinte diligencias abiertas sólo dos han terminado en denuncia al considerar la Fiscalía que los padres han hecho dejación de funciones.

Una denuncia es de ámbito penal y en estos casos supone un incumplimiento de las obligaciones paternofiliales respecto a la educación de sus hijos, explica la fiscal delegada de Menores tras recalcar que no todo absentismo escolar es delito de abandono de familia, como por ejemplo, cuando el menor se niega a ir a clase.

En este contexto, indica que las denuncias llegan a la Fiscalía a través de notificaciones de los servicios sociales o de la Inspección de Educación. «Cuando hay un determinado número de faltas el protocolo de absentismo establece que se inicien las actuaciones, se derivan cuando ya han fracasados todas las intervenciones o cuando directamente no se han hecho intervenciones», explica para, a renglón seguido, añadir que desde la Fiscalía piden informes a los servicios sociales y a los centros educativos para que les den cuenta de las intervenciones llevadas a cabo con la finalidad de acreditar que los progenitores han hecho dejación de funciones, «abandono de sus funciones». En estos casos, ante posibles indicios se interpone la denuncia. Fuera de estos casos se archivan, sin perjuicio de continuar con el expediente a nivel de protección. «Muchas veces el absentismo es una carencia más de una situación familiar que se vive», apunta.

Una vez incoado el procedimiento penal es el Juzgado el que tiene que valorar los hechos. En algunos casos puede concluir con el archivo de la causa porque ha cesado la situación o porque el juez considere que esos indicios que dieron lugar a la denuncia no existen. En otros, la Fiscalía llega a formular un escrito de acusación que puede terminar con sentencia condenatoria o absolutoria. En el primero de los casos, la pena es de multa o de prisión.

Las dos denuncias interpuestas en enero y febrero son por incumplimiento total de las obligaciones paternofiliales. Los padres encausados residen en el partido judicial de Puertollano.

«Son con anterioridad al presente curso escolar», remarca la fiscal delegada de Menores tras recordar que en marzo se suspendieron las clases tras decretarse el estado de alarma y el confinamiento.

Desde que empezó el curso el pasado septiembre «no se ha registrado en la Fiscalía incidencia alguna, no nos ha llegado nada de la capital o cualquier otro punto de la provincia».

La advertencia.

El curso escolar comenzó con el miedo en el cuerpo de muchos padres tras el avance acelerado de los contagios por COVID-19 y la sospecha de que algunos progenitores decidieran, por su cuenta, no llevar a sus hijos al colegio por temor a que contrajeran una enfermedad altamente contagiosa. Ante este escenario, el fiscal jefe de Ciudad Real advirtió a los padres de que la Fiscalía actuaría en consecuencia contra el absentismo escolar, ya que en España la escolarización es obligatoria de seis a 16 años. «Los niños tienen el deber de acudir a clase y los padres la obligación de llevarlos», concluía entonces el fiscal jefe.

De momento, la Fiscalía no ha tenido que actuar por incumplimiento de este derecho.