Los acusados «eran conscientes, conocedores y consentidores de los vertidos al río» Tirteafuera a su paso por Argamasilla de Calatrava toda vez que «sabían que el sistema de bombeo del filtro verde (sistema natural de depuración) no funcionaba, que no se habían acometido mejoras y todo ello provocaba un vertido de aguas residuales al río». Así lo considera probado la fiscal de Medio Ambiente, Arancha Vinuesa, que mantiene la petición de tres años y seis meses de cárcel para la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy, así como para Antonio Gil y Jesús Manuel Ruiz, que fueron concejales entre 2011 y 2015 el primero y desde ese año hasta abril de 2019, el segundo. Una pena que la acusación particular y la popular elevan a seis años de prisión por «absoluta dejadez y pasividad», remarcaron en sus informes finales Luis Javier Fernández y Carmen Daimiel tras seis largas sesiones en la Audiencia de Ciudad Real.
Los abogados de los procesados discrepan abiertamente de las acusaciones y piden la absolución con todos los pronunciamientos favorables porque entienden que «no hay delito» y, por tanto, no puede haber condena. La letrada Judit Genet que defiende a la alcaldesa fue más allá en su alegato final al aseverar que han sentado en el banquillo a la alcaldesa y «si se quiere juzgar lo que ha pasado allí se tiene que sentar más gente», dijo con énfasis respecto a la acusación de vertidos de aguas residuales al río. «Se han mirado los hechos de manera sesgada. Estamos hablando de una obra (construcción de una depuradora) que el Ayuntamiento de Argamasilla no tiene capacidad económica de acometer como ningún otro». Además, Monroy se ha preocupado de que el pueblo tenga una depuradora sin lograrlo hasta ahora.
«pena de banquillo». La alcaldesa hizo uso del derecho a la última palabra en el juicio para «agradecer que todo haya funcionado» y decir que «la pena de banquillo ha sido una experiencia muy dura. Hagan ustedes lo que tienen que hacer: justicia». Luis Ruiz agradeció el buen trato de la Sala y Antonio Gil prefirió no añadir nada al argumento de su abogado.
Según la fiscal, en el plenario ha quedado acreditado que Monroy es «responsable directa como máxima mandataria del ente local, ser conocedora de los hechos con facultades para tomar decisiones y no hacerlo» para mejorar el sistema de depuración de aguas residuales. El filtro verde dependía de Concejalía de Medio Ambiente y por eso también responsabiliza a los concejales de la época porque «nada se hizo en dicho filtro».
La ecotoxicidad del vertido «ha quedado acreditada por los informes del Instituto Nacional de Toxicología» y «no cabe duda que estamos ante una conducta dolosa. Un delito cometido por omisión y en este caso el dolo consiste en el conocimiento del vertido de aguas residuales del que era conocedor los acusados y el riesgo ambiental», subrayó la fiscal tras sostener que desde, al menos, 2011 ha habido un vertido continuo de aguas residuales sin depurar al río y que la alcaldesa se «desentendió».
La letrada Judit Genet dijo que no se ha pretendido derivar la responsabilidad a nadie, incluidos los vecinos, y que lo único que ha querido demostrar el problema es mayor en otros pueblos cercanos. En el caso de Argamasilla «no hay delito». La responsabilidad es de la Junta, adujo el letrado de uno de los ediles.