Seguro de sí mismo, una de sus señas de identidad, Pedro Sánchez está absolutamente convencido de que va a conseguir meter en vereda a los independentistas. Tiene, o dice tener, una fórmula. Sin embargo, explica, la capacidad de convicción del líder socialista y su certeza de que era el camino adecuado para encontrar una salida pactada al grave problema que provoca el independentismo catalán desde hace años, acabó con aquellas reticencias iniciales.
Su convicción no la comparten todos sus ministros, algunos de ellos no ocultan su escepticismo. Sin embargo, otros compañeros recuerdan que el presidente ha estado al borde del abismo en varias ocasiones y, al menos, dos de ellas, la expulsión de la Secretaría General del partido y la lucha en primarias contra Susana Díaz unos meses después, el madrileño logró salvarlas con éxito a pesar de que la ex presidenta andaluza y sus seguidores -las cabezas más importantes del partido- las consideraban ganadas sobradamente.
El debate sobre los indultos ha golpeado al líder socialista, a quien las encuestas dan como seguro perdedor si se celebraran ahora las elecciones generales. Los indultos llegaron cuando el presidente de Gobierno sufría las consecuencias de una derrota importante: Ayuso había barrido en las elecciones madrileñas y el PSOE quedaba como tercera fuerza -detrás del partido de Errejón- después de haber ganado las autonómicas dos años atrás. Sánchez considera a Ayuso una rival más peligrosa que Pablo Casado y más que a la reacción visceral de un porcentaje alto de españoles contra los indultos a los independentistas, teme que el empuje de la madrileña pueda ser extrapolable al resto de España, donde hoy por hoy se ha convertido en la figura política más atractiva de la oposición.
Pedro Sánchez y su Gobierno atraviesan unas semanas complicadas en las que se suceden episodios alternativos de subida y bajada en la aceptación de sus políticas. Todo lo relacionado con Cataluña provoca un fuerte rechazo, y con la frase de que «nunca jamás» se celebraría un referéndum pretendía transmitir la idea de que había asumido líneas rojas en las negociaciones con los independentistas que no pensaba traspasar.
Contaba con que PP, Vox y Ciudadanos sacaran a colación su falta de credibilidad porque han sido múltiples las ocasiones en las que aseguraba que jamás aceptaría determinados condicionamientos y, sin embargo, los hacía suyos sin rubor ni pudor cuando las cosas se ponían difíciles y corría el riesgo de perder la actual mayoría de Gobierno. Por tanto, no le sorprendió la virulencia de las intervenciones parlamentarias de Casado, Espinosa de los Monteros y Arrimadas en el pleno en el que explicó sus últimas decisiones.
Sí le sorprendió, y le dolió, lo que le dijo Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, cuando le recordó que había negado que concedería indultos a los independentistas catalanes y al final los había concedido, así que para la celebración del referéndum que los independentistas están empeñados en hacer, «denos tiempo». No piensan volverse atrás.
La seguridad de Sánchez ante el futuro, que algunos le auguran amargo porque no meterá en cintura a los independentistas, tiene una explicación: el presidente está absolutamente convencido de que una vez que se inicien las negociaciones entre el Ejecutivo central y el catalán, él dispondrá de los informes jurídicos necesarios, y bien argumentados, que le permitirán celebrar una consulta no vinculante sobre cuántos catalanes están a favor de la independencia de España. No se le escapa a nadie que esa consulta Sánchez no la considerará un referéndum, pero los independentistas sí. De ahí que el presidente, en su última intervención parlamentaria, se expresara con tanta autosuficiencia al responder a la oposición.
El anclaje que quiere utilizar Sánchez para cumplir con su «nunca jamás» un referéndum, la ha encontrado en la Constitución, que recoge que las decisiones políticas de especial trascendencia «podrán ser sometidas a referéndum consultivos de todos los ciudadanos». El Gobierno pone la carga en la palabra «consultivo» y en que los llamados a votar son todos los españoles, no solo los catalanes. Por otra parte, reconocen que el término «referéndum» en el texto constitucional es un arma que utilizarán los secesionistas para presumir que han conseguido su objetivo. Pero los separatistas, en cambio, no aceptan la palabra consultivo, ya que su objetivo, es llegar a la independencia a través de una votación. Y, además, tampoco quieren que la consulta sea a todos los españoles -como, por otra parte, es obligado- porque están seguros de que, en ese caso, no tienen ninguna posibilidad.
Curiosamente, entre los sociólogos y profesionales que trabajan en empresas de encuestas hay coincidencia de que cada vez es más creciente el número de españoles que dicen que están hartos del problema que provoca el independentismo catalán y que no les importaría que dejaran de pertenecer a España, al mismo tiempo que es creciente la mayoría silenciosa de catalanes que son abiertamente constitucionalistas.
Es silenciosa porque temen las consecuencias de expresar abiertamente sus ideas. Tras ofrecer estos datos, añaden los consultores que si efectivamente de celebrara un referéndum o una consulta, vinculante o no vinculante, la mayoría de los españoles no catalanes que hoy dicen que están hartos de los problemas que provocan los catalanes -ya ni diferencian entre independentistas y no independentistas- , a la hora de la verdad, votarían a favor de que siguieran perteneciendo a España. Por eso, los dirigentes de ERC y Junts que negocian con el Gobierno rechazan de forma tajante una consulta a todos los españoles como marca la Constitución.
Pedro Sánchez, con la seguridad en sí mismo que le caracteriza, tanta que se transforma en una arrogancia irritante para sus adversarios, cree que ganará la apuesta. Entre otras razones, porque no considera que Pablo Casado sea un rival peligroso pues no despierta el entusiasmo propio de un líder de la oposición. Además, como presidente de Gobierno, cuenta con los mecanismos necesarios para llegar a acuerdos con los independentistas.
En Moncloa, el equipo del presidente ya trabaja en los informes con los que acompañarán la maniobra política de convencer a los separatistas de que la mejor forma de saciar sus apetencias es aceptar las propuestas del Gobierno que, hoy por hoy, son las que recoge el artículo 92 de la Constitución.
Acompañadas de los privilegios con los que diferentes gobiernos han conseguido siempre el apoyo parlamentario de los nacionalistas, y ahora de los independentistas; privilegios relacionados siempre con nuevas competencias, disminución de la presencia de autoridades del Estado y de sus fuerzas de seguridad y militares en sus territorios, y medios económicos para ampliar sus infraestructuras.
Fórmula adecuada
Además de los servicios de Presidencia coordinados por la vicepresidenta Calvo -doctora en Derecho Constitucional y, según algunas fuentes, quien sugirió la aplicación del artículo 92- y por el jefe de Gabinete Iván Redondo, el Ministerio de Justicia está dedicado también a la misma tarea de encontrar las fórmulas adecuadas, evidentemente legales, con las que marcar el camino que debe utilizar el presidente para alcanzar su objetivo de conseguir un acuerdo con los secesionistas, que será la única manera de que logre revalidar su cargo cuando se celebren las próximas elecciones generales.
Cuenta, por tanto, Pedro Sánchez con dos años para convencer a Junqueras y Puigdemont de que deben aceptar lo que les llegue de su mano porque, en caso contrario, corren el riesgo de que la derecha se haga con el Gobierno y sus ansias independentistas regresen a la casilla de salida.