El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para aprobar la primera ley de vivienda en España y que servirá para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado incluye, entre otras medidas, la regulación del precio del alquiler que fijan los grandes propietarios en España. A estos, el acuerdo entre los socios de Gobierno les regulará los precios para bajar, por ley, los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado. A los pequeños propietarios, el Gobierno también les exigirá la congelación de precios y se establecerán incentivos fiscales para motivar las rebajas de unos precios del alquiler que aquí, en Ciudad Real, el Ministerio de Transportes estima que son ya de por sí unos de los más bajos del país: el valor medio del alquiler es de 367 euros al mes, mientras que en la capital llega a los 425 euros. En Madrid, por ejemplo, cuesta, de media, más del doble.
El objetivo es hacer más accesible la vivienda y para eso se pone la lupa en los más de 2.300 propietarios que traspasan la línea roja que fijará la ley, la decena de bienes puestos a un mismo nombre. A ellos y a sus propiedades, a las que se podrá establecer un tope en los precios que ofrezcan en alquiler. El mapa del Catastro en la provincia fija en más de 380.000 el número de propietarios urbanos. La mayoría están repartidos entre 216.373 propietarios o sociedades, que tienen un solo inmueble. Además, hay otros 86.799 que tienen dos, 37.883 con tres en su patrimonio, 17.969 con cuatro y 8.587 que tienen cinco. A partir de esa cifra, el Catastro empieza a agrupar a los dueños: hay 11.078 propietarios, que también pueden ser administraciones públicas, con entre seis y diez bienes urbanos a su nombre, 227 con entre 26 y 50, mientras que 141 propietarios más tienen un mínimo de 50 bienes.
Operaciones de propietarios
Estos grandes tenedores han sido, además, los grandes animadores del mercado inmobiliario en la provincia a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, desde 2008 y hasta 2020, con la crisis del ladrillo entre medias y a las puertas de la pandemia del coronavirus, una de cada tres viviendas que cambiaron de mano lo hicieron para engrosar los bienes urbanos de propietarios o sociedades que tenían ya cinco o más bienes. La estadística catastral permite diferenciar las compras que realizan las personas físicas y las personas jurídicas, las sociedades. Estas segundas serían las principales destinatarias de las medidas de la nueva ley y estas son las que más han engordado su patrimonio inmobiliario, con casi 21.500 operaciones entre 2008 y 2020, de las que 19.500 han realizado sociedades que tenían ya cinco inmuebles a su nombre.
En la capital, por ejemplo, en esos 13 años de mercado, los grandes propietarios protagonizan el 23% de las operaciones y en Puertollano, el 33%. En otros pequeños pueblos, sin embargo, el movimiento inmobiliario está paralizado, pero no solo desde el año pasado, sino en la última década: en Cabezarados, Los Pozuelos, Terrinches y Villar del Pozo la compraventa se resume con un solo dato en los últimos diez años: cero.
El acuerdo para alumbrar la ley de vivienda también establece la posibilidad de que los ayuntamientos fijen un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos. Aquí la estadística es más difícil de fijar, ya que no existe una definición concreta de qué es o no una vivienda desocupada. Sí lo son, por ejemplo, las más de 11.000 que conforman el stock de inmuebles nuevos sin vender, en torno al cuatro por ciento del parque inmobiliario de la provincia, y eso pese a que esa cifra se ha reducido en más de 300 entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, fecha en la que actualizó la última cifra oficial el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En el caso de la capital, desde PSOE y Cs por el momento aguardan a conocer el desarrollo del texto legal, aunque metidos en la anterior crisis del ladrillo, una de las propuestas socialistas era la de incrementar el IBI a los propietarios de viviendas desocupadas.