Corría el año 2018 y Pedro Sánchez se convertía en el nuevo inquilino de La Moncloa a través de la primera moción de censura que triunfaba en el Congreso de los Diputados. Entonces, entre otros anuncios, el nuevo presidente anunciaba que la ley de seguridad ciudadana, la ley mordaza, sería reformada de manera «urgente». Hoy, tres años después de ese anuncio y seis años después de la aprobación de la polémica Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana, continúa sin tocarse, sigue más viva que nunca y consolidada como una vía para imponer más sanciones que nunca a los ciudadrealeños.
El Ministerio del Interior es el que pone cifras al impacto de esa ley en la provincia. En total, los ciudadrealeños tuvieron que hacer frente a multas por valor de más de 3,628 millones de euros durante el pasado 2020, el de la pandemia, el del confinamiento y el de las multas impuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para sancionar a los que se saltaran las medidas sanitarias. En Ciudad Real, el recuento del área que depende de Fernando Grande-Marlaska es más que concluyente para hablar de la vigencia de esa ley: las sanciones y la cuantía alcanzaron el pasado año una cifra récord, con un ‘invitado estrella’, el artículo 36.06, el que hace referencia a la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Al calor de ese artículo de la ley se pusieron, en la provincia, más de 4.500 multas, casi 30 veces más que las de 2019. Traducido en euros, más de 2,8 millones por multas frente a los poco más de 101.000 a los que ascendió la cuantía de esas infracciones en 2019.
Es importante recordar, como aclaran desde la Subdelegación del Gobierno, que estas sanciones no tienen que ver con las que se impusieron, sobre todo, por saltarse el estado de alarma y que, algunas, han empezado a anularse por la Justicia y que se han puesto en duda tras declararse inconstitucional. Estas no se quitan porque son por motivos distintos, como faltar el respeto a un agente. Vinculado también a esas faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, ya como infracción leve, el Ministerio recoge casi un centenar de multas a ciudadrealeños que tuvieron que hacer frente a sanciones por 29.700 euros.
Armas y drogas.
Una catarata de multas a las que en el Congreso se resisten a meterle mano. Durante el pasado año también se alcanzó un récord en cuanto a las impuestas por portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal. Se pusieron 509, unas 170 más que el año anterior y la cuantía de las multas superó los 300.000 euros.
El confinamiento también se notó, en este caso, para rebajar las cifras de las multas que se pusieron por consumir o la tenencia de drogas en la calle, establecimientos públicos o transportes colectivos. Fueron 551 las sanciones por infracciones a la LOPSC, menos de la mitad del año pasado, y los euros, 371.000.