La inmensa mayoría de las comunidades de vecinos de Ciudad Real de edificios de más de 20 viviendas, que aún no disponen de un sistema individualizado de calefacción y refrigeración, no estará obligada a la reforma de sus instalaciones. El año pasado el Gobierno aprobaba un Real Decreto en el que se daba un plazo para que estas comunidades elaboraran un estudio técnico sobre la viabilidad y rentabilidad económica de esta actuación, que en el caso de tener como resultado un informe positivo, obligaría a éstas a modernizar sus instalaciones. Sin embargo, según se estima desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Ciudad Real, un 95 por ciento de los estudios de viabilidad presentados ante la Consejería de Industria ha resultado negativo, o lo que es lo mismo, solo un 5 por ciento de los edificios de más de 20 viviendas estará obligado por ley actualizar sus instalaciones. Lo deberá hacer en un plazo máximo de 15 meses desde la fecha de emisión de ese presupuesto. El resto podrá seguir funcionando como hasta ahora.
Las comunidades de vecinos han estado solicitando en los últimos meses esos informes técnicos y económicos a sus respectivas empresas encargadas del mantenimiento del sistema de calefacción, que después se han remitido a sus administradores para que los presentaran a su vez a Industria. El presidente del Colegio de Administradores, José Cerros, confirmaba a La Tribuna que «muy pocos informes han resultado viables económicamente», por lo que estas comunidades no estarían obligadas a modificar sus actuales sistemas de calefacción.
Esta normativa emana de una directiva de la Unión Europa que veía la luz en 2015 y que en España se ha ido prorrogando hasta ahora. Por ello, el Gobierno aprobaba un Real Decreto en el que se fijaba un calendario a cumplir durante este año 2021, con fechas distintas según las áreas climáticas en las que se ha dividido el país. Una obligatoriedad que estaba condicionada a la viabilidad y la rentabilidad económica, es decir, que el coste de reformar la caldera central y de instalar los repartidores de costes se compense con el ahorro de energía que se lograría en los siguientes cuatro años. La norma afecta a edificios destinados a viviendas o a otros usos construidos antes de 1998, pues a partir de esa fecha las nuevas edificaciones ya estaban obligadas por ley a contar con este sistema individualizado. Desde el Colegio se estima que el 40% de los edificios de la provincia aún funciona con calefacción central no individualizada.

Posibles pegas de Industria

La mayoría de los edificios no tendrá que apagar la calefa - Foto: Rueda Villaverde

Ante este porcentaje demoledor de informes no viables, entre los administradores de finca surge una duda. ¿Va a admitir Industria una mayoría tan abrumadora de informes no viables? Pedro José Amigo, de Fincas Amigo, advierte que en otras regiones se están rechazando estos presupuestos al tener incluido el coste de la instalación de las válvulas termostáticas, necesarias en muchos casos (en viviendas con distribución por columnas), en cada uno de los radiadores de la vivienda y que tendrían un coste aproximado de unos 15 euros por unidad. «Vamos a ver qué nos dicen aquí porque sabemos que en otras comunidades están poniendo pegas al ser tan pocos los informes de viabilidad positivos», explica Amigo, que ha tramitado una veintena de informes y ninguno ha resultado viable.

Calendario

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La provincia de Ciudad Real, incluida en la zona climática D, tenía la obligación de tener realizada esa evaluación de rentabilidad económica antes del 1 de febrero de 2021 en los edificios para uso diferente a vivienda, y del 1 de julio para edificios con más de 20 viviendas. Quedaría pendiente tramitar los informes correspondientes a los edificios con menos de 20 viviendas, para lo que hay plazo hasta el 1 de diciembre.
La instalación de contadores personalizados, además de lograr un ahorro económico cifrado en un 24%, permitiría al usuario ganar en autonomía a la hora de optimizar el consumo de calor o frío, mejorar el confort de su vivienda o local y tener información al instante de lo que está consumiendo. «Cada uno podría decidir cuánto calienta o enfría su casa y cuánto pagará por ello, pudiendo consultar el coste en tiempo real», explicaba Cerros. A pesar de que la actual reglamentación eximiría de esta obligación a la mayoría de las comunidades de Ciudad Real al no contar con esos informes económicos favorables, el presidente de los administradores de fincas de Ciudad Real mantiene que esto supone «un problema que hay que solucionar», para lo que no descarta que el Gobierno apruebe una nueva normativa más estricta o revise y modifique la actual.