El papa Francisco ha expulsado de la Iglesia al sacerdote Pedro Jiménez, de 34 años, acusado de abusar de nueve menores que cursaban estudios en el Seminario de Ciudad Real.

El Tribunal Eclesiástico ha sido más diligente que la justicia ordinaria y, en virtud de su sentencia, el papa no ha dudado en ordenar la dimisión ex oficio et pro bono Ecclesiae -dimisión por oficio y por el bien de la Iglesia- del estado clerical del reverendo acusado de abusar sexualmente de nueve menores en el Seminario de Ciudad Real. Así lo anunció ayer el Obispado de Ciudad Real en un comunicado en el que se recuerda que en enero de 2016, el rector del Seminario Diocesano tuvo conocimiento de una serie de hechos protagonizados por el sacerdote con alumnos del Seminario Menor. «Examinados estos hechos, tanto el rector como los demás formadores», lo comunicaron al entonces obispo, Antonio Algora, «que abrió una investigación canónica». Posteriormente, se puso en conocimiento de la Fiscalía Provincial, por una parte, y de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de Roma, por otra.

Las familias de tres de los nueve menores que supuestamente han sido víctimas de abusos sexuales por parte del cura se han personado en la causa abierta por la justicia ordinaria. Ayer, el abogado Rodrigo García aseguró que las familias han recibido con satisfacción la resolución de la Iglesia, del papa.

En declaraciones a este diario, manifestó que las familias se sienten «respaldadas» porque el Tribunal Eclesiástico, la Iglesia, «ha avalado la versión de los menores».

Del mismo modo, indicó que las familias aprecian que el Obispado pusiera en conocimiento de la Fiscalía Provincial los hechos sin perder tiempo para que se iniciaran las actuaciones penales.

Los hechos se denunciaron a últimos de marzo de 2016 tras una investigación interna ordenada por el ahora obispo emérito de Ciudad Real, Antonio Algora, que informó inmediatamente a la Fiscalía Provincial. El sacerdote fue apartado de su ministerio y de la función docente por haber abusado presuntamente de un grupo de menores que cursaba estudios en el Seminario de Ciudad Real.

La instrucción en el juzgado finalizó tras declararse causa compleja y ampliarse el tiempo de investigación. A últimos de 2017 la Fiscalía de Ciudad Real formuló escrito de acusación con la petición de más de 40 años de cárcel para el cura por una veintena de supuestos abusos sexuales a menores.

La Audiencia Provincial ha fijado para el 30 del próximo septiembre el juicio contra Pedro Jiménez, que acaba de ser expulsado de la Iglesia. Su abogado Francisco Maroto Granados, que pide la absolución, declinó ayer hacer declaraciones sobre la resolución del papa porque, según indicó a este diario, no había podido hablar con su cliente.

En El Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe informó del protocolo a seguir en estos casos, en el que desde el Obispado se indica que, además de imponerle al sacerdote las medidas cautelares, «cosa que ya se había hecho desde el primer momento, se debía iniciar un proceso eclesiástico administrativo penal. Este proceso comenzó con el decreto de nombramiento de un sacerdote, delegado del obispo, y de un equipo de asesores del obispo. Los hechos que se le imputaban se pusieron en conocimiento del sacerdote, así como las pruebas aportadas en la investigación previa».

Este procedimiento se realiza separada e independientemente de la jurisdicción de Justicia del Estado «y no tiene que coincidir en las apreciaciones, ni en las valoraciones de los hechos, ni en el tiempo de realización, ni en la pena que se le pueda imponer al sacerdote».

Del mismo modo, fuentes de la Diócesis recordaron que «realizadas todas las investigaciones necesarias, recogidos todos los datos y la información que resultó de los hechos analizados y de las circunstancias en las que se produjeron, así como las alegaciones de la defensa del acusado, se redactó un informe que, junto al Decreto Episcopal con la pena canónica le impuso reclusión en un monasterio durante cinco años con asistencia espiritual y psicológica».

Se comunicó al sacerdote la pena para que comenzase a cumplirla en el plazo, «pero se negó repetidamente». La Congregación para la Doctrina de la Fe, ante esa negativa, le fue dando plazos, «que rechazó uno tras otro. No comenzó nunca el cumplimiento de la pena».

El prefecto de la congregación presentó el caso al papa Francisco, y este decretó «la dimisión», concediendo al mismo tiempo, «la dispensa de las obligaciones sagradas que tenía contraídas de su identidad sacerdotal». Al ser un decreto del papa, «es inapelable».