Los vecinos de La Pedregosa cuyas viviendas están afectadas por una sentencia de derribo respiraron ayer algo más tranquilos después de que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobara la desafección de parcelas de regadío en la zona de El Vicario. «Una demanda de hace mucho tiempo», en palabras del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez-Arroyo, quien recordó que desde la Junta trabajan «en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real para desafectar una parte de esta zona regable que no se utiliza para regadío y que, por lo tanto, es susceptible de ser desafectada, de esta manera resolvemos un problema casi histórico que llevaba mucho tiempo enquistado». En marzo de 2020, La Audiencia aplazaba medio año la demolición de estas viviendas para avanzar en el proceso de regularización, matener la pausa o acometer el derribo acordado en 2016.
Ahora, casi año y medio después, para Ramón Fernández Expósito, uno de los vecinos afectados, destacaba que «este paso es muy importante de cara a poder mantener nuestra vivienda en pie», dijo momentos antes de ser recibido junto a otros vecinos por la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, quien les detalló los términos de la mencionada aprobación.
«Después de esto tendrá que tomar cartas en el asunto el Ayuntamiento y el juzgado, que ha estado dando prórrogas a ver qué se podía conseguir para no que hubiese derribo, pero hasta ahora ha sido una incertidumbre tremenda la que hemos tenido y ahora parece ser que las cosas se van a ir solucionando poco a poco», agregó en relación a una cuestión que afecta a una veintena de viviendas y un procedimiento que en algunos casos se remonta a 2011 y 2012.
Juan Francisco Lozano, otro de los afectados, explicó que la desafección es «un primer paso», y «suprime la especial protección» que tenían estos terrenos rústicos, de manera que ahora el Consistorio debe modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para contemplar esta nueva circunstancia y, posteriormente, la Fiscalía tendrá que valorar -dijo- si retira la parte de las sentencias relativa a la demolición. No obstante, los vecinos ya tuvieron que hacer frente a una sanción económica cuyo importe varía, según los casos, y «a penas de prisión de seis o doce meses si bien ninguno entró en prisión al no tener antecedentes penales», apuntó.