El 26 de abril de 2016, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acordó la definición de las áreas geográficas con necesidades específicas de desarrollo, así como el inicio de los trámites para la implementación de la estrategia de Inversión Territorial Integrada (ITI) en la región, como herramientas de lucha contra la despoblación. En la provincia de Ciudad Real fueron incluidas las comarcas del Campo de Montiel y Almadén, con un total de 26 municipios que a pesar de las ayudas e inversiones realizadas estos años, no han podido frenar la sangría demográfica.
El vicepresidente del Gobierno autonómico, José Luis Martínez Guijarro, informó de que esta estrategia de Inversión Territorial Integrada, diseñada como fondo de discriminación positiva hacia aquellas zonas afectadas por la pérdida de población, ha permitido poner a disposición de estos territorios 930 millones a través de 154 convocatorias, a las que hay que sumar las nueve de expresiones de interés para facilitar el acceso a las corporaciones locales a 117 millones de los fondos europeos que disponía la comunidad para el periodo 2014-2020, de los que casi tres han ido a parar a los 47 proyectos desarrollados en las comarcas del Campo de Montiel y Almadén. A pesar del esfuerzo inversor de las distintas administraciones, los 26 municipios ITI de Ciudad Real tienen hoy en su conjunto unos 3.000 habitantes menos que hace cuatro años y que representan el 25% del total de la caída poblacional registrada en la provincia, que a 1 de enero de 2020 sumaba 11.843 habitantes menos que en 2016.
Una hemorragia demográfica que preocupa y ocupa a los distintos gobiernos, tal y como puso de manifiesto el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, tras la presentación de un estudio sobre la despoblación y el despoblamiento, encargado por la propia Institución, que revelaba que 46 de los 102 municipios ciudadrealeños habían experimentado un descenso «alarmante» en el número de habitantes. Solicitó la condición ITI para todos ellos. Además, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobarán en breve una ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación, que incluye incentivos fiscales tanto para las personas que vivan en las zonas en riesgo de despoblación como para las empresas que se radiquen en estos pueblos, mediante desgravaciones en los impuestos cedidos a la comunidad autónoma.
Solo en tres de los municipios ITI ciudadrealeños se aprecian brotes verdes. Alhambra, Saceruela y Torre de Juan Abad registraron un ligero incremento de habitantes de 2019 a 2020, mientras que la caída poblacional fue mínima en Agudo y Valdemanco del Esteras. Justo en la mitad de estas 26 localidades, la pérdida de población supera el centenar de personas en el periodo comprendido entre 2016 y 2020: Almadén (-457), Villanueva de los Infantes (-374), Villanueva de la Fuente (-234), Villahermosa (-171), Torrenueva (-153), Castellar de Santiago (-144), Albaladejo (-127), Villamanrique, Carrizosa y Chillón (-111), Cózar (-110), Montiel (-106) y Agudo (-103).
Una de las claves de este desplome demográfico se encuentra en el crecimiento vegetativo, es decir, en la diferencia entre el número de defunciones y nacimientos. Entre 2016 y 2019 (último año con datos oficiales) se produjeron 2.408 fallecimientos y tan solo 759 alumbramientos en estos 26 municipios. En Fuenllana, por ejemplo, no se registró ningún nacimiento, y en otras seis localidades no llegaron a la decena en estos cuatro años.
El alcalde de Almedina y presidente de Tierras de Libertad, José Antonio Talavera, explica que sin las ayudas ITI y la discriminación positiva en las convocatorias, «la sangría poblacional sería mayor». Considera, no obstante, que el mantenimiento de la población y la creación de riqueza solo pueden venir de la mano de la «inversión industrial», especialmente en los sectores textil y agroalimentario. «Tenemos que dejar atrás los localismos antiguos y caducos y contemplar el Campo de Montiel como una gran ciudad y sus pueblos como si fueran barrios», apostilla.
El escenario no es más halagüeño en la otra punta de la provincia, en el suroeste. Almadén, cabecera de la comarca de Alcudia, ha perdido más de 450 habitantes en los últimos cuatro años y su alcaldesa, Carmen Montes, no ve más salida que la llegada de alguna empresa, «aunque sea del ámbito de la salud o social». «Hemos avanzado en la digitalización, pero los jóvenes se están marchando y aunque hay líneas de ayuda económica, existe miedo a invertir», subraya la regidora y presidenta de Montesur, que también echa en falta mejores accesos y vías de comunicación en la comarca, como la esperada opción sur de la A-43 que, de momento, «ha quedado en palabras y no en hechos».
«La despoblación es un problema grave y el futuro se ve muy oscuro», afirma su homólogo de Saceruela, José Fernández, que remarca que más de la mitad de la población tiene 65 años o más. Espera que pronto vea la luz un proyecto de residencia de mayores y otro fotovoltaico con los que poder fijar población. La alcaldesa de Villanueva de los Infantes, Carmen María Montalbán, hace hincapié en que «contra el despoblamiento no hay otra fórmula que el empleo». Reclama, en este sentido, «voluntad política» por parte de las administraciones superiores para facilitar la instalación de empresas en las comarcas menos desarrolladas: «Hay ayudas, pero los trámites burocráticos son infinitos y la discriminación positiva, escasa».
Raúl Valero, alcalde de Montiel, sostiene que el despoblamiento «no es inevitable», y añade que tanto los ayuntamientos como la Diputación «están trabajando en la buena dirección», sobre todo en lo que a la mejora de las carreteras se refiere: «El problema es que el Campo de Montiel ha sido una comarca muy desfavorecida en los últimos 40 años». Un «esfuerzo» de las administraciones con estos territorios que también valora el alcalde de Chillón, Jerónimo Mansilla, que aboga por seguir potenciando las ayudas para autónomos y la creación de pymes, aunque reconoce que «la gente es cada vez más reacia a instalarse en municipios tan pequeños».