Los consumidores españoles seguirán sin poder saber cuando adquieran un tarro de miel el porcentaje de materia prima procedente de cada país. La culpa la tiene un dictamen de la Comisión Europea por el que se rechazó el proyecto del Ministerio de Agricultura donde se exigía que figurase en la etiqueta, no solo la procedencia de la misma, sino el porcentaje de miel de cada país, recogiendo las demandas de los productores. Recogiendo las directrices comunitarias, los industriales cuando envasen una miel con mezcla de varios países, deberán poner en sus etiquetas los puntos de origen, pero no tienen la obligación de ordenar esa lista en función del volumen de materia prima procedente de cada país. El departamento de Luis Planas elabora ahora una nueva disposición que no entrará en vigor hasta el próximo 20 de enero.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, confió en que el Ministerio negocie con la Unión Europea un acuerdo para que la normativa europea garantice el mejor etiquetado, con «toda la información», de la miel.

«No solo pienso en los consumidores, sino en los apicultores que pueden aumentar sus rentas si el etiquetado es correcto», señaló Martínez a preguntas de los periodistas tras la negativa de la Comisión Europea, con motivo de asistir a la presentación de la recién creada Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS).

Según Martínez, «tenemos que avanzar en el etiquetado para que los consumidores conozcan todos los detalles necesarios para poder adquirir un producto, la miel y cualquier otro producto agroalimentario. Saber su origen, forma de elaboración, composición. Es necesario saber su origen», aseveró.

UN «FLACO FAVOR» A LOS CONSUMIDORES. Y ello, a su juicio, porque «no es lo mismo que sea de fuera de la Unión Europea o europeo, como tampoco que proceda de España o de Castilla-La Mancha, y no porque sea mejor o peor, sino diferentes, distintos» y, por ello, «los consumidores necesitan tener esa información para tomar la decisión de compra».

Por tanto, consideró que «hacemos un flaco favor a los consumidores si no aprobamos una normativa de etiquetado que especifique claramente la procedencia de la miel que es, además, la mejor viabilidad para las explotaciones de nuestros agricultores», concluyó.