Las negociaciones entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas para la aplicación en España de la PAC 2023-2027 entran en su fase decisiva. Las organizaciones profesionales agrarias celebran que se haya podido mantener el presupuesto de la anterior reforma y ahora piden a las administraciones que sean «valientes» con la letra pequeña para alcanzar un acuerdo lo más beneficioso posible para el sector, ya que «el reglamento europeo deja mucho margen de maniobra».

Así lo subraya el secretario regional de UPA, Julián Morcillo, que considera clave la transición a un modelo justo de convergencia para las ayudas de la PAC: «En la anterior reforma se buscó un equilibrio político y no se miró al agricultor, que al final es el perceptor de estos fondos. Parece razonable que un agricultor que se dedica al cereal cobre lo mismo aquí que en Galicia o Castilla y León». Florencio Rodríguez, secretario provincial de Asaja, coincide en lo beneficioso que será esta convergencia «para España, en general, y para Castilla-La Mancha, en particular», al tiempo que celebra la apuesta que se pretende realizar por las explotaciones familiares agrarias y los agricultores y ganaderos profesionales.

Rodríguez considera que «es necesario un cambio de chip», puesto que la nueva PAC pretende dar un mayor impulso a la agricultura verde y no estatará tan orientada al sistema productivo». En este sentido, Morcillo apunta que los ecoesquemas «no pueden ser un lastre económico» para los profesionales del sector y echa en falta la inclusión de la agricultura ecológica, tal y como defiende también el Gobierno de Castilla-La Mancha: «Se ajusta a la filosofía de los ecoesquemas y es una práctica que se realiza mucho y con éxito en nuestra región».

Tanto Morcillo como Rodríguez hacen hincapié en la necesidad de establecer un techo por explotación y pagos redistributivos que favorezcan a los agricultores y ganaderos profesionales.