El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja con las distintas comunidades autónomas para alcanzar el acuerdo más amplio posible en España para la aplicación de la próxima Política Agraria Común (PAC) 2023-2027. Sobre la mesa hay ya muchas propuestas que concitan el consenso de la inmensa mayoría de la regiones, pero existen otros puntos que se tendrán que debatir y cerrar en las próximas semanas y meses. El objetivo, tener una hoja de ruta definitiva antes del verano.
Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma en la que el sector agropecuario representa un importante porcentaje de su Producto Interior Bruto (PIB), tiene mucho que decir en esta negociación. «Queremos que todos los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha se reflejen en la fotografía final de la PAC», afirma el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, para subrayar que el Gobierno regional apuesta por un modelo de apoyo e impulso a la agricultura familiar, «aquella que genera el empleo en el medio rural». Considera, en este sentido, que la nueva reforma ofrece unas herramientas que permitirán que así suceda, si se toman las decisiones adecuadas.
Convergencia y regiones. Castilla-La Mancha apuesta por establecer un modelo justo de convergencia para las ayudas de la PAC, que permita que un agricultor o ganadero que desarrolle una actividad concreta en un territorio del país cobre lo mismo que otro que haga exactamente lo mismo en otra región. Es algo que actualmente no sucede y que afecta directamente a los profesionales castellano-manchegos. Martínez Arroyo hace hincapié en que habrá que esperar para conocer cuál es la superficie elegible, aquella que es susceptible de recibir ayudas de Bruselas, pero lo cierto es que en el periodo actual la ayuda media por hectárea es de 104 euros en Castilla-La Mancha y la media nacional se sitúa en 140. Solo Madrid presenta un promedio inferior.
En este punto hay bastante consenso y, además, la Comisión Europea ha recomendado a España su aplicación. También en reducir las regiones productivas de 50 a un máximo de siete. El consejero señala las «desigualdades» que ocasiona esta estructura y recuerda que, por ejemplo, en Alemania solo existe una región, que engloba a todo el país, y en Francia hay dos, una que se corresponde con el denominado hexágono continental y otra para la isla de Córcega. «En Castilla-La Mancha apostábamos por que haya pocas regiones y por una convergencia con una transición lo más rápida posible», insiste. Las siete regiones productivas que hay sobre la mesa son: leñosos de secano, leñosos de regadío, herbáceos de secano, herbáceos de regadío, pastos, Islas Baleares y la cornisa cantábrica.
Por otro lado, Francisco Martínez Arroyo sostiene que es necesario un techo por explotación y un pago redistributivo: «Para impulsar el modelo de agricultura familiar tenemos que establecer claramente un techo por explotación, recaudar parte de lo que se detrae de esas explotaciones que cobran muchas ayudas de la PAC y destinarla a los agricultores y ganaderos más profesionales a través del pago distributivo, una figura que queremos que se aplique en España». Precisa que esa ayuda adicional debe contribuir a diferenciar muy bien al agricultor profesional del que no lo es.
Uno de los puntos calientes de la negociación es la definición de los ecoesquemas, ya que van a representar una parte muy importante de los pagos que reciban los agricultores y ganaderos, entre un 20% y un 30% de las ayudas totales. El Ministerio de Agricultura ha hecho un planteamiento con nueve ecoesquemas y Castilla-La Mancha considera que debe incluirse también la agricultura ecológica: «La Comisión Europea, dentro de la Estrategia por la Biodiversidad, se ha marcado como objetivo lograr que el 25% de toda la superficie agrícola útil sea de producción ecológica en 2030 y si no se incluye la agricultura ecológica dentro del primer pilar de la PAC, va a ser muy difícil conseguirlo».
Martínez Arroyo destaca el acuerdo alcanzado entre el Ministerio y las distintas comunidades autónomas para incluir a toda la ganadería extensiva en los pagos acoplados, las ayudas adicionales vinculadas a la producción. Se mantendrán los programas sectoriales del vino y frutas y hortalizas, mientras que el apícola contará con más recursos. Además, como novedad, se pretende impulsar uno de apoyo al olivar de bajo rendimiento, con lo que «se resolvería un problema histórico del sector». Para la región sería una medida excepcional, ya que el 90% de las 450.000 hectáreas de olivar son de bajo rendimiento y necesitan muchas ayudas para ser rentables.
Por último, el consejero explica que el Ministerio ha decidido aplicar una convergencia más rápida de los previsto para los años de transición 2021 y 2022 que ha perjudicado a algunos productores, especialmente a los pequeños ganaderos sin pastos propios. En este sentido, las organizaciones agrarias confían en que se establezcan medidas correctoras para compensar la pérdida de ayudas. Entre tanto, los pagos de la PAC del actual periodo superan ya en la región los 3.829 millones de euros, a una media aproximada de más de 650 millones por campaña.